Las medidas que implementó el gobierno en los últimos meses ante la aceleración en la suba de precios, tuvieron un costo fiscal de US$ 184 millones. Esa cifra abarca las reducciones de IVA a determinados productos, los ajustes de las tarifas de combustibles por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI) y el adelanto a cuenta del incremento de las remuneraciones del sector público y de las jubilaciones en enero próximo.

Las cifras fueron presentadas por el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de Diputados. El jerarca dijo que “no hay medidas mágicas” para contener la inflación y señaló que las acciones para mitigar los efectos de la suba de precios son “paliativas”.

En ese sentido, el subsecretario repasó las diferentes medidas adoptadas por el gobierno en los últimos meses, defendió el manejo “ordenado y prudente” de la macroeconomía del país y explicó los motivos detrás de cada decisión.

Al desagregar los US$ 184 millones por cada medida, US$ 3 millones corresponden a la reducción de IVA a algunos panificados, pastas y fideos. La decisión —que entró en vigencia el pasado 8 de abril y se extenderá durante todo el mes de mayo— implicó gravar a tasa 0% esos productos que anteriormente tenían una tasa de IVA del 10%.

“No es una exoneración, sino que se le permite a las empresas la deducción de todo el IVA compras relacionado con esa venta para que pueda también descontarlo”, explicó Irastorza.

En tanto, la exoneración del IVA al asado de tira —que entró en vigencia el 21 de marzo y luego se prorrogó por 30 días más—tuvo un costo fiscal de US$ 1 millón. El subsecretario del MEF argumentó que se eligió este producto porque es “relevante en la canasta de consumo” y porque el destino es el consumidor final.

En relación al alza de los precios internacionales de la carne, dijo que a diferencia de lo que ocurrió con los panificados, pastas y fideos —cuyos precios subieron a causa de la invasión de Rusia a Ucrania—, en este caso se debió a una “mayor demanda” del mercado chino.

Las dos medidas que implicaron un mayor costo fiscal tuvieron que ver con la “amortiguación” del incremento del precio de los combustibles y el adelanto a cuenta del incremento de los salarios públicos y las pasividades de enero de 2023.

Por haber aumentado las tarifas de combustibles durante cuatro meses consecutivos por debajo de lo que marcaba la referencia de PPI, el gobierno tuvo que enfrentar un costo de

“Amortiguar” suba de combustibles tuvo un costo fiscal de US$ 60 millones.

US$ 60 millones en lo que va de este año.

Esa decisión del Poder Ejecutivo acumuló una “amortiguación” en febrero de US$ 2 millones, en marzo implicó otros US$ 10 millones, en abril se le sumaron US$ 29 millones y en mayo se adicionaron otros US$ 19 millones.

En relación a esta medida, Irastorza dijo que haber subido los precios de combustibles por debajo de lo que marcaba la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), llevó a que actualmente el precio del gasoil “esté 11% por debajo del PPI y la nafta un 2%”.

Por último, el adelanto del incremento de las remuneraciones del sector público y de las pasividades representa US$ 120 millones y el subsecretario de Economía detalló que de esa cifra, US$ 30 millones corresponden a salarios y US$ 90 millones a jubilaciones.

La medida —que se empezará a aplicar a partir del próximo 1° de julio hasta fin de año— implica el adelanto del 2% del aumento al salario de empleados públicos y del 3% a las pensiones y jubilaciones.

Según explicó Irastorza, “el objetivo de esta medida es, obviamente, aumentar el poder adquisitivo” y señaló que es una decisión “excepcional para un momento excepcional”. En este sentido, defendió la medida tomada por el gobierno en función de poder “mantener el poder de compra ante esta suba de precios”.

GRUPO DE TRABAJO. El subsecretario señaló que actualmente hay un grupo de trabajo que tiene a estudio “todo lo relacionado” a la formación de precios, un tema que calificó como “complejo”. Este grupo está encabezado por el MEF y también participan autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Banco Central (BCU), los ministerios de Industria, Energía y Minería, Salud Pública y Ganadería, Agricultura y Pesca.

“Son temas complejos”, dijo Irastorza y señaló que “abarcan cuestiones arancelarias y no arancelarias, como permisos, registros y certificaciones”.

“SER PRUDENTES”. El subsecretario de Economía defendió la “macroeconomía ordenada” que tiene el país actualmente y dijo que eso fue lo que permitió “tomar estas acciones y reaccionar ante este escenario extraordinario imprevisto de suba de precios de los alimentos y otros commodities”.

No obstante, el jerarca remarcó que “también es clave ser prudentes” en el uso de determinados instrumentos de política económica “para evitar medidas que no pueden ser duraderas en el tiempo”. Sobre este punto, Irastorza remarcó que la política del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la de adoptar “medidas focalizadas consistentes” pero preservar los “necesarios equilibrios macroeconómicos”.