La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció ayer sábado el embargo contra el diario El Nacional, de Venezuela, al que calificó como “embargo político”, y convocó a la comunidad internacional a tomar “acción”.

En un comunicado, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que el “embargo político” contra el diario El Nacional “quedará en la historia de este siglo como uno de los más grandes atropellos contra la libertad de prensa en las Américas”.

“El ‘nosotros venceremos’ que emitió como ‘grito de guerra’ el segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, mientras la ‘Justicia política del régimen’ iniciaba el proceso de embargo de las instalaciones de El Nacional en Caracas, es evidencia de que estamos frente a un embargo de carácter político para terminar de censurar una de las pocas voces independientes que quedan en el país”, añadió el directivo.

Canahuati, presidente del Grupo OPSA de Honduras, instó a la comunidad internacional a que “deje de mirar para otro lado y entienda que sin periodismo independiente hay poca esperanza de recuperar la democracia en Venezuela”.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó por su parte su solidaridad con los directivos y personal de El Nacional.

“Ya habíamos advertido el final que tendría esta historia, a sabiendas de que en Venezuela la Justicia está sometida al poder político y el régimen la utiliza como ariete en contra de todo lo que le incomode”, señaló Jornet, director del diario La Voz del Interior de Argentina.

En el informe semestral de libertad de prensa sobre Venezuela, publicado en abril pasado, la SIP advirtió que “sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente”.

Guardia Bolivariana impidió que los otros medios registraran el operativo.

DEMANDA. El viernes, la Justicia de Venezuela dio otra vuelta de tuerca al embargar la sede de El Nacional, fundado en 1943, como parte de la indemnización por “daño moral” de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia ( TSJ) por una demanda del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentó la demanda judicial porque El Nacional reprodujo un informe del diario ABC de España, que lo vinculó con el narcotráfico.

La Justicia estimó que Cabello fue víctima de un delito de “daño moral gravísimo”.

Cabello anunció el viernes en sus redes sociales, el operativo para aplicar el embargo al diario. De inmediato, fue replicado por el gerente general del diario, Jorge Makriniotis, que lo calificó de “ataque a la democracia”.

La orden la dictó el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y el cartel de notificación indica que se cubre la cantidad de 141.501,24 petros, una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos.

Según la tasa de cambio oficial de hoy, esa cantidad se cambia por cerca de 7,9 millones de dólares.

Una sentencia publicada el pasado 16 de abril por el Tribunal Supremo de Justicia dicta que el rotativo deberá pagar a Cabello 237.000 petros al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.

Al poco de conocerse la decisión, Makriniotis afirmó que “la democracia vive cuando hay libertad de expresión” y explicó que, al diario, le “están quitando los bienes por un daño supuesto”.

El operativo —comentó— comenzó cuando llegaron unos 30 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y colocaron en la puerta un documento que informaba del inicio del proceso de embargo. Los funcionarios, detalló el gerente, accedieron al edificio junto a “un grupo de música que llegó” al lugar, lo que calificó como “una burla más”. “Esto es un ataque de malcriadez contra la democracia y la libertad de expresión”.

Tras la llegada a la sede del diario de la GNB, que impidió el paso a la prensa que acudió al lugar para registrar los hechos, su abogado, Juan Cancio Garantón, consideró que con el embargo no ha habido “aplicación del derecho ni de norma jurídica alguna”.

“Este abuso de autoridad que está sucediendo aquí es delictivo, esto es una flagrancia, es un hecho público, no es aplicación de derecho ni de norma jurídica alguna, es un vulgar delito que se está cometiendo”, dijo. A su juicio, en este no caso “no hay ningún embargo”, puesto que es “una cosa ilegal”, ya que “el embargo no podían ejecutarlo porque hay un recurso de revisión constitucional”.