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Uruguay primero en combate a la corrupción

El país lidera en capacidad de combatir la corrupción por segundo año

■■Por segundo año consecutivo, Uruguay lideró el ranking como el país de la región con más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados, de acuerdo al “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)”, que evalúa a 15 países de América Latina. En segundo lugar se ubicó Chile y tercero fue Costa Rica. Más allá del buen puntaje de Uruguay, el reporte mencionó dos desafíos: el recorte de recursos a la Jutep (la Junta Anticorrupción) y las dificultades que se plantean por cambios a leyes antilavado de activos.

La pandemia del COVID19 afectó la vida y la economía del mundo, y hasta a sectores en que pasó desapercibido: uno de ellos es el combate a los delitos económicos o también conocidos como “de cuello blanco”.

El foro Americas Society/council of the Americas y la consultora especializada en riesgos Control Risks elaboraron el “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)” que evalúa a 15 países de América Latina y que en Uruguay divulga el diario El País.

“La lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año. En varios países, la pandemia del COVID-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades urgentes, lo que dio espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular o las manifestaciones callejeras, como ocurrió en años anteriores”, planteó el informe del CCC 2021.

Según el reporte “continuó la ampliamente documentada erosión de las instituciones democráticas en algunos países, y hubo una preocupante disminución de la eficiencia e independencia de las agencias anticorrupción en casi todos los países. Los errores y abusos denunciados y percibidos que cometieron varios fiscales y jueces de alto nivel en los últimos años también han contribuido a que disminuya el apoyo popular al movimiento anticorrupción que surgió en gran parte de América Latina a mediados de la década de 2010”.

“América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en lo económico como en el número de muertes. Con gobiernos sometidos a una presión financiera cada vez mayor, y con los sistemas sanitarios de muchos países gravemente deteriorados, los efectos perniciosos que tiene la corrupción en la sociedad se han amplificado”, afirmó el informe.

“Mientras los gobiernos realizan cuantiosos gastos de emergencia para ayudar a los más vulnerables, la reducción de la vigilancia ha contribuido a la opacidad en las adquisiciones públicas y al gasto excesivo en equipos de protección, respiradores y otros suministros médicos. Los informes sobre la falsificación de mascarillas y vacunas han deteriorado aún más la confianza de la población y han retrasado la vuelta a la normalidad”, añadió.

A su vez, “las crecientes dudas sobre la implementación del Estado de derecho y sobre la calidad de las instituciones judiciales han socavado la confianza de las empresas en un momento en que a lo largo de América Latina tanto la inversión extranjera como la nacional se encuentran en los niveles más bajos de los últimos años”, expresó el reporte.

No obstante, “hubo notables excepciones a estas desafiantes tendencias, sobre todo en países como Uruguay, Chile y Costa Rica, donde la calidad general de la democracia y la fortaleza de las instituciones políticas siguen siendo altas. Los proyectos de leyes anticorrupción avanzan lentamente en las de Chile y Colombia”, indicó el reporte. Además, “en la República Dominicana se realizaron investigaciones sobre antiguos funcionarios del gobierno acusados de corrupción. En Panamá y Ecuador se han producido mejoras considerables en cuanto a la independencia de sus jefes de ministerios públicos y a su capacidad para hacer frente a los delitos de cuello blanco”, agregó.

¿CÓMO LE FUE A URUGUAY? El Índice CCC evalúa 14 variables en vez de centrarse en la percepción de corrupción como otros indicadores. Entre esas variables están “la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. El índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado”, explicó el informe.

Por segundo año consecutivo, el índice abarca a 15 países, que en conjunto representan casi el 95% del Producto Interno Bruto de América Latina.

También por segundo año seguido, Uruguay obtuvo la puntuación más alta del índice. A su vez, cinco de los 15 países evaluados experimentaron un descenso significativo en sus puntuaciones, lo cual refleja el deterioro del contexto general mencionado. En siete países, las puntuaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios y tres países experimentaron mejoras considerables.

Uruguay obtuvo 7,80 puntos en 10 posibles (eso es 0,02 unidades más que en 2020), una diferencia de 1,29 puntos sobre Chile que fue segundo.

En la categoría Capacidad Jurídica (que comprende siete variables), Uruguay obtuvo 7,59 puntos. En la categoría Democracia e Instituciones Políticas (involucra tres variables) el país obtuvo 8,19 unidades y en la categoría Sociedad Civil y Medios de Comunicación (cuatro variables) el puntaje fue de 8,02.

El informe señaló que “la puntuación global de Uruguay se vio efectivamente inalterada desde 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19 y del cambio de gobierno”.

“En la categoría de capacidad jurídica, Uruguay supera a Costa Rica, que ocupa el segundo lugar, por 1,3 puntos. Esto refleja altos niveles de independencia judicial, cooperación internacional y la independencia de sus instituciones anticorrupción. En la categoría de la democracia e instituciones políticas, Uruguay mantuvo su liderazgo regional en variables como la legislación sobre la financiación de las campañas, los procesos legislativos y de gobierno, y la calidad general de la democracia. Un incremento del 7% en la variable de comunicaciones digitales y redes sociales contribuyó a una ligera mejora en la categoría de sociedad civil y medios de colegislaturas municación”, evaluó el reporte.

Por otro lado, el reporte afirmó que “las políticas antilavado de dinero siguen siendo un desafío para Uruguay: la variable que mide la capacidad de Uruguay para combatir los delitos de cuello blanco cayó un 5% desde 2020. A pesar de las importantes mejoras introducidas en los últimos años, los organismos de control internacionales han destacado la necesidad de que Uruguay avance” en esta materia.

El País consultó al respecto a Gabriel Brasil analista asociado para Brasil y el Cono Sur de Control Risks. “Me gustaría resaltar que, a pesar de la reducción de su puntaje en 2021, Uruguay continúa presentando los mejores resultados de la región en lo que respecta a la lucha contra los delitos de cuello blanco”, dijo Brasil y añadió que “el ligero deterioro de su puntaje para esta variable tiene que ver, en buena medida, con los desafíos más generales que enfrenta Uruguay en su lucha contra la corrupción” (ver aparte).

RANKING. Como fue mencionado Chile fue segundo con 6,51 puntos (0,06 menos que en 2020). Lo siguió Costa Rica con 6,45 unidades (0,02 más que en 2020), luego viene Perú con 5,66 puntos (0,19 más que en 2020) y el quinto fue Argentina con 5,16 unidades (y una caída de 0,16 respecto a 2020).

Brasil fue el 6º en América Latina en el Índice CCC con un puntaje de 5,07 (0,45 menos que en 2020). Por debajo de los 5 puntos aparecen Colombia en el 7º lugar con 4,81 unidades (0,37 menos que en 2020), Ecuador en el 8º con 4,77 (y una suba de 0,58), Panamá fue 9º con 4,55 unidades (un incremento de 0,38), el 10º fue República Dominicana con 4,38 puntos (un aumento de 1,12), México fue 11º con 4,25 (0,30 menos) y Paraguay 12º con 4,08 puntos (0,2 más que el año anterior).

Los últimos tres están por debajo de los 4 puntos y fueron: Guatemala en el puesto 13º con 3,84 unidades (una reducción de 0,2), Bolivia en el lugar 14 con 2,43 puntos (una baja de 0,28) y cerró el ranking Venezuela con apenas 1,40 puntos (0,12 menos que en 2020).

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2021-06-14T07:00:00.0000000Z

2021-06-14T07:00:00.0000000Z

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