La salida de la crisis del COVID-19 será más sostenible si se consigue aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales e invertir en la innovación necesaria para una transición energética al menor coste en términos de bienestar. La evidencia de los últimos siglos nos ha enseñado que detrás de cada historia de éxito económico y social siempre ha habido un entorno que favorece la inversión y el uso eficiente del capital humano, tecnológico y físico. Cuando las condiciones son favorables, el sector privado invierte en nuevos proyectos y tecnologías, las aprovecha e innova, creando empleo y aumentando la productividad. Estos mismos requisitos generan también una inversión pública eficiente que se suma a la inversión privada para aumentar el crecimiento, la renta per cápita y el bienestar social.

Con toda seguridad, la historia se repetirá de nuevo en los próximos años. Las sociedades que apuesten con mayor éxito por un entorno propicio para la inversión conseguirán transformar sus economías tras la pandemia y afrontarán con éxito los retos ya existentes antes del COVID-19. Una combinación eficiente de inversión privada y pública será crucial.

Para lograr estos objetivos resulta fundamental generar confianza, garantizar buenas regulaciones, sanas políticas económicas, igualdad de oportunidades y seguridad jurídica, reducir la corrupción, aumentar la competencia y apertura de los mercados, y mejorar la protección de los derechos de propiedad y el entorno empresarial. Todo ello se traduce en incentivos para la inversión, que es el motor del progreso como lo ha destacado la teoría del crecimiento endógeno durante las últimas décadas, que defiende que el progreso técnico es el resultado de decisiones sociales e individuales en la inversión en capital humano, capital fijo, maquinaria e I+D+I (1) para desarrollar nuevos procesos y productos. La capacidad de las sociedades para crear las condiciones adecuadas con las que generar crecimiento explica el éxito y el fracaso de unas economías en comparación con otras.

Hemos querido poner unos números a estos argumentos. Como mostramos en un reciente estudio de BBVA Research (2), la evidencia sobre la importancia de la inversión privada como motor del crecimiento económico y del bienestar social para una muestra de más de 100 países desde 1960 hasta la actualidad es concluyente: un aumento de 5 puntos porcentuales en la inversión privada sobre PIB está asociado a un incremento de 1,5 puntos en la tasa de crecimiento a largo plazo de la renta per cápita. Las implicaciones de este resultado son enormes ya que 1,5 puntos de crecimiento permiten que la renta per cápita se duplique en el transcurso de algo menos de dos generaciones. El estudio también muestra que la tasa de inversión privada es capaz de explicar dos tercios de las diferencias entre países en el crecimiento a largo plazo, algo muy relevante dada la muestra heterogénea de países que utilizamos.

Una parte importante de los efectos de la inversión privada en el aumento de la renta per cápita sin duda está detrás del proceso de convergencia de los países de la OCDE en las décadas de 1960 y 1970, y de las economías emergentes más recientemente. Sin embargo, la convergencia no es automática ni está predeterminada. Es el resultado de una adecuada combinación de buenas políticas, instituciones, reglas y regulaciones que permitan reducir la brecha con las economías más avanzadas creando condiciones favorables para la inversión. Sólo las políticas correctas proporcionan buenos resultados en términos de convergencia.

A su vez, la evidencia indica que la inversión pública también es relevante, aunque sus efectos sobre el crecimiento a largo plazo y su capacidad explicativa de las diferencias entre países son menores. Estos resultados implican que la mejor estrategia de crecimiento y transformación es que la inversión pública sea complementaria e incentive una mayor inversión privada.

Mientras tanto, en comparación con el mundo, América Latina mantiene bajos niveles de inversión en términos del producto, e incluso estos valores se han ido deteriorando aceleradamente durante la última década. Uruguay no escapa a esta característica regional, ya que su tasa de inversión se ha ubicado sistemáticamente por debajo de 18% del PIB y ha empeorado de manera notoria en los últimos años.

Si bien Uruguay es de los países mejor posicionados como destino confiable para las inversiones, liderando rankings de atracción de inversiones (3) por su respeto a las instituciones, con una democracia bien consolidada, elevado grado de libertad económica y políticas activas para atraer e incentivar la inversión, la baja tasa del ahorro nacional y la escala del mercado interno han sido condicionantes para un aumento sostenido de los niveles de inversión. Es decir, Uruguay sobresale por su atractivo para la inversión extranjera, pero ha tenido complicaciones para consolidar sus niveles de inversión doméstica.

La generación de ahorro doméstico es un problema de índole macroeconómica en el cual las autoridades, en particular el BCU, están trabajando de manera activa y en dirección correcta: bajar la inflación a niveles internacionales, pero buscando evitar que el tipo de cambio quede desalineado con los fundamentos macroeconómicos. Esto es muy relevante por el tipo de inversión que necesita Uruguay, las orientadas a exportaciones. Más aún, a pesar de lo pequeño del mercado doméstico uruguayo, esta desventaja se supera gracias a las nuevas tecnologías en comunicaciones y transporte que hacen que la mayoría de los bienes y servicios hoy sean transables y posicionan a Uruguay como un mejor destino elegible de localización. Por ello, cobra relevancia el diseño de incentivos a nuevas inversiones en sectores orientados a la exportación. El ejemplo más claro aquí es el de la industria de celulosa, con grandes plantas que producen para exportar, pero también los servicios y las industrias intensivas en conocimiento representan otros nichos de oportunidad.

A modo de catalizador del proceso de inversión privada, Uruguay cuenta con el Régimen de Promoción de Inversiones (4), el cual incentiva y protege las inversiones realizadas en el país sin discriminar el origen del inversor, tanto para las garantías como para exoneraciones fiscales. Este instrumento, ha sido decisivo para sumar el dinamismo (y experiencia) de la Inversión Extranjera Directa.

Como indica la evidencia encontrada en el trabajo de BBVA Research, la inversión privada genera mayor crecimiento económico y bienestar social. En Uruguay, las condiciones están dadas para augurar un escenario optimista una vez superada la pandemia, pero queda camino por recorrer. En la esfera pública, dinamizar las PPI (4) y en el ámbito privado, estimular la inversión doméstica para consolidar así un sendero de crecimiento sostenido a largo plazo. (*) Jorge Sicilia , Rafael Domenech, Adriana Haring y Juan Manuel Manias (1) I+D+I, acrónimo de Investigación, Desarrollo e innovación. Hace referencia al conjunto de actividades que realiza una organización para crear o mejorar, productos o procedimientos.

(2) https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/globalprivate-investment-as-the-engine-ofeconomic-growth-and-social-welfare/ (3) Enmarcado en la Ley 16.906, http://www.inalog.org.uy/es/regimende-promocion-de-inversiones/

(4) Son contratos de Participación Público Privada aquellos en que una Administración Pública encarga a una persona de derecho privado, por un período determinado que, además de la financiación, comprenda alguna de las siguientes prestaciones: diseño, construcción, mantenimiento, operación de infraestructuras. http://www.inalog.org.uy/es/regimen-de-participacionpublico-privada/