De cara a las elecciones generales de Argentina del próximo 14 de noviembre en las que el oficialismo enfrenta el riesgo real de quedar debilitado en el Congreso, Cristina Kirchner viene reclamando un cambio de rumbo. La receta pasa por incrementar el gasto público para inyectar dinero en los bolsillos de la población y, así, dinamizar el consumo masivo.

“No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia”, señaló días atrás Cristina Kirchner en su carta. Del otro lado, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, considera que hay escaso margen para recorrer el camino que impulsa la vicepresidenta.

Sin acceso a los mercados internacionales de deuda, la emisión neta del Banco Central para asistir al Tesoro durante el año pasado superó los 2 billones de pesos, equivalente al 7,3% del PIB.

A esa oleada se sumará este año otros 1,5 billones de pesos. Semejante expansión monetaria en un contexto en el que la demanda de dinero sigue débil no solo impide desacelerar un nivel de inflación que supera el 51% anual, sino que viene generando una bola de nieve a partir de la emisión de deuda remunerada por parte del Banco Central para absorber parte de la liquidez excedente.

De hecho, en los primeros ocho meses del año la autoridad monetaria pagó a los bancos 796.802 millones de pesos argentinos en intereses de Leliqs y pases, un 91% más que en igual período de 2020. La cruda disputa al interior del gobierno en Argentina tiene en el ritmo al que debe crecer el gasto público el punto de mayor divergencia.

Mientras Fernández y Guzmán se resisten a abandonar cierta moderación fiscal para, con eso, alcanzar un acuerdo con el FMI que permita prorrogar los vencimientos por unos 37.000 millones de dólares que Argentina tiene con ese organismo en los próximos dos años, el kirchnerismo exige apretar el acelerador a fondo antes de las elecciones con una política fiscal mucho más expansiva.

“Cristina Kirchner pretende impulsar mayor gasto y mayor emisión, pero esa opción hoy no está disponible. A diferencia de lo que sucedía cuando ella era presidenta, la economía hoy tiene escasez de dólares. Después de las elecciones generales de noviembre, el gobierno va a tener que necesariamente acordar con el FMI para que la situación no se desmadre aún más. La duda es si Cristina Kirchner pateará el tablero y dejará el gobierno sin acordar con el Fondo o si entiende la gravedad de la situación y paga el costo político necesario para intentar estabilizar la economía”, dijo a El País Fernando Baer, economista asociado de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.