El Frente Amplio consideró que el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep), al que calificó de “sesgado”, se presenta “con una clara intención de desviar la atención”, según un comunicado emitido por los coordinadores del partido, Ricardo Ehrlich y María José Rodríguez.

El fallo surge “en momentos en que la ciudadanía está atenta a los problemas de la concesión portuaria, a los hechos que motivaron la renuncia del exministro de Turismo (Germán Cardoso) y a las situaciones sucedidas con la población privada de libertad que son responsabilidad del actual gobierno de coalición”, indica el texto.

Además, el Frente Amplio mostró su “preocupación” ya que consideraron que el procedimiento para presentar los datos ante la Jutep fue “inadecuado e insuficiente”.

“No toma en consideración otros estudios, no se entrevista a los implicados y, como se señala en el propio informe, reconoce que el organismo no tiene forma de saber si las base sobre las que se expide son confiables”, detalla el escrito.

En esa línea, indicaron que tomaron conocimiento de la renuncia de Jorge Castro, quien era representante del Frente Amplio ante la Jutep, tras un pedido del Partido Comunista —al cual pertenece— por haber firmado el informe.

Por otra parte, el partido expresó su apoyo “a las autoridades responsables en los gobiernos frenteamplistas, que en su momento participaron en la realización del proyecto Antel Arena”.

Asimismo, consideraron que la construcción del espacio multipropósito “es un ejemplo de cooperación público-público que se realizó en el marco de una política que permitió a Uruguay posicionarse a la vanguardia a nivel mundial en el área de telecomunicaciones y un significativo aporte a la cultura y al deporte de nuestro país”, dice el texto.

La obra del Antel Arena, así como los gastos que implicó, están nuevamente sobre la mesa tras un informe presentado por la junta anticorrupción que fue firmado por unanimidad y que asegura que hubo violación de principios y normas éticas.

El fallo fue criticado por el sindicato de Antel, así como por varios actores políticos, entre ellos la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien consideró que es el reporte de una “pseudo auditoría” del “estudio de un militante herrerista”.