El decreto reglamentario que establece los cambios en la normativa antilavado —introducidos por la ley de Urgente Consideración (LUC)— está en la etapa final y se prevé que próximamente sea publicado.

Así lo afirmó el supervisor de fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Gustavo Misa en el marco del Compliance Day, un seminario de conferencias organizado por Brum Costa Abogados.

Entre algunos de los cambios principales introducidos por la LUC —que modificó la ley integral antilavado de 2017— se estableció que los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas del sector no financiero (inmobiliarias, escribanos, contadores, entre otros) puedan hacer un control de distinto nivel (simple, medio o intensificado) cuando los medios de pago usados en las actividades sean electrónicos, ya sea transferencias bancarias u otros instrumentos emitidos por instituciones de intermediación financiera. Esto significa en la práctica que esas actividades pueden ser consideradas como de riesgo bajo de lavado de activos, por lo que se habilita a que los sujetos obligados apliquen medidas de debida diligencia simplificada.

Sin embargo, según afirmó Misa desde la Senaclaft entienden que “hay partes del decreto” (que reglamentará los cambios de la LUC) “que requieren en el corto o mediano plazo modificaciones importantes” en lo que refiere principalmente al control de las organizaciones sin fines de lucro dado que en ese aspecto la normativa “quedó bastante renga”, indicó.

En este sentido, Misa manifestó que aunque aún “no hemos tenido tiempo de trabajar sobre la normativa vigente, sí tenemos ideas para cambiar” dado que en términos de fiscalización y supervisión de organizaciones sin fines de lucro hay “un vacío legal interesante”.

La idea que analiza la Senaclaft es “abrir la cancha” para todos los sectores de la actividad económica y gestionar intercambios entre las partes. “Como hicimos con el decreto de la LUC, para que todos los sectores opinen y planteen modificaciones”, explicó

Chediak afirmó que en algunos rubros la proyección del riesgo “no fue la adecuada”.

Misa quien además señaló que prevén implementar las modificaciones a partir del año que viene.

Si bien no especificó cuáles serán los cambios concretos, Misa adelantó que tendrán que ver con mejorar la regulación de algunos sectores en los que la supervisión “es muy difícil de llevar adelante” como por ejemplo en las actividades del rubro inmobiliario y las organizaciones sin fines de lucro.

Es que el decreto reglamentario trajo cambios también en las operaciones de compraventa de inmuebles al establecer determinados umbrales —en función del monto de la transacción— a partir de los cuales se define qué nivel de debida diligencia se deberá aplicar por parte de los sujetos obligados.

Sobre este punto, el supervisor de la Senaclaft dijo que hay que “rever realmente si la regulación pasa por determinados umbrales o va más por el lado de la actividad”.

A su entender, hay que revisar el sistema de umbrales en el caso de las organizaciones sin fines de lucro dado que con el umbral vigente hoy “puede pasar que una organización sin fines de lucro un año sea sujeto obligado y al otro no”, como por ejemplo en el caso de los partidos políticos, cuyos ingresos aumentan en período de elecciones y luego no. “Eso realmente complica la supervisión”, indicó Misa.

EVALUACIÓN NACIONAL. Por su parte, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak indicó que se realizará una nueva evaluación nacional de riesgo en lavado de activos (un examen a través del cual se determina qué sectores de la actividad económica deben estar incluidos en los controles antilavados).

La última fue realizada por Uruguay en el año 2017 y según Chediak si bien no cree que “cambie sustancialmente el análisis global”, sí prevé que habrá modificaciones en algunos sectores que “terminan haciendo cierto ruido”, señaló.

Sobre este punto, Chediak explicó que desde la Senaclaft se plantean “hacer una sintonía fina” en relación a la vigente evaluación nacional de riesgos dado que se han determinado como de riesgo a algunos sectores que luego “no hemos podido demostrar en la práctica” a través de los reportes de operaciones sospechosas “que efectivamente fueran de riesgo”.

En este sentido, el titular de la Senaclaft afirmó que en algunos sectores la proyección del riesgo realizada “no fue la adecuada” y admitió que en algunas situaciones “sobrestimamos el riesgo”.

Construir sobre lo que ya está construido. Esa es la idea de la Senaclaft que buscará “ajustar la sintonía” en la próxima evaluación nacional de riesgo, a los efectos de que “a los responsables de contestar los cuestionarios por el seguimiento intensificado” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), “no se les torne muy difícil explicar por qué en sectores que Uruguay mismo estableció como de riesgos no hay evidencias de que se esté encontrando actividad ilícita”, explicó Chediak.