En Sudán, los militares pusieron fin ayer lunes con un golpe de Estado al proceso de transición democrática del país, que se inició en 2019 tras la caída del dictador Omar al Bashir. Los golpistas detuvieron a varios ministros y a civiles del Consejo Soberano, el principal órgano de poder del proceso de transición en el país africano.

Tanto el primer ministro, Abdalá Hamdok, como su esposa estaban anoche en paradero desconocido.

Su oficina responsabilizó a “los líderes militares” de la vida y seguridad del mandatario y las de su familia. Asimismo, denunció lo ocurrido como “un golpe completo contra lo que la revolución ha logrado con la sangre en busca de la libertad, la paz y la justicia”, en referencia a la revuelta popular que acabó con la dictadura de Al Bashir, derrocado por los militares tras meses de protestas en las calles.

Los arrestos de los ministros se produjeron pocas horas después de que concluyera la visita al país del enviado especial de Estados Unidos para el Cuerno de África, Jeffrey Feltman, quien se reunió durante el fin de semana con las principales autoridades civiles y militares, a las que pidió cooperación para limar sus diferencias y proteger el proceso de transición.

La tensión entre ellos había ido en aumento desde que el pasado 21 de septiembre el Ejército aseguró haber abortado una intentona golpista, de la que el primer ministro Hamdok responsabilizó a los “remanentes” del régimen de Al Bashir dentro y fuera de las Fuerzas Armadas.

El golpe de Estado se consagró ayer lunes con el anuncio por parte del presidente del Consejo Soberano, el general Abdel Fatah al Burhan, de la disolución del Consejo de Ministros y del propio Consejo Soberano, órganos que ofrecían el balance de poder entre civiles y militares.

Al Burhan anunció otras medidas en un discurso televisado, después de que los militares irrumpieran en las sedes de la radio y televisión estatales en Sudán y detuvieran a varios empleados.

El general leyó nueve puntos, entre los que destacan la declaración del estado de emergencia en todo el país y la suspensión de varios artículos del documento constitucional que sentó las bases de la transición, incluida la creación de un comité para desmantelar el régimen de Al Bashir.

El general se comprometió a celebrar elecciones generales en julio de 2023, y aseguró que hasta entonces un gobierno de “figuras nacionales independientes” asumirá el poder, sin ofrecer más detalles de cómo será elegido. Al Burhan justificó el golpe de Estado por el “conflicto” y la “división” dentro de los órganos del Gobierno, que representaban “un peligro inminente que amenazaba la seguridad de la patria y su unidad”, en sus palabras.

REACCIONES. Desde las primeras noticias de los arrestos, se han registrado manifestaciones en varios puntos de Sudán, en las que miles de personas cortaron carreteras y quemaron neumáticos y, en la capital, Jartum, la respuesta fue un gran despliegue del Ejército.

Sindicatos, grupos activistas de la revuelta de 2019 y otros movimientos prodemocracia instaron a la población a adherirse a una movilización de “desobediencia civil” y de “huelga general”, en la línea del llamado a “manifestarse” contra el “golpe de Estado” lanzado por la oficina de Hamdok.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el golpe de Estado militar y exigió la “liberación inmediata del primer ministro Abdalá Hamdok y de todos los otros dirigentes” detenidos, y que se respete la “carta constitucional”.

Estados Unidos advirtió que “cualquier cambio del gobierno de transición pone en peligro la ayuda estadounidense”.

Por su parte, el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell instó a la comunidad internacional a “volver a encarrilar la transición sudanesa”, y la Liga Árabe también manifestó su “profunda preocupación” y llamó a “todas las partes a respetar” el acuerdo de reparto de poder.

Frente a estos llamados, el general Burhan dijo que el país respetaría los acuerdos internacionales firmados. Sudán es uno de los cuatro países árabes que normalizó recientemente las relaciones con Israel.

EE.UU., Europa y la ONU condenaron el fin del proceso de transición en Sudán.

El golpista Al Burhan prometió elecciones en julio de 2023, entre otras medidas.

Sudán enfrenta una inestable transición política, marcada por divisiones y luchas de poder desde el derrocamiento de Bashir en abril de 2019.

Desde agosto de ese año, el país está bajo el mando de una administración cívico-militar encargada de una transición democrática bajo mando civil, con el objetivo final de organizar a fines de 2023 las primeras elecciones libres en 30 años.

Pero en los últimos días, la tensión entre los dos campos aumentó.

El 21 de octubre, decenas de miles de sudaneses marcharon en varias ciudades para respaldar la plena transición de poder a los civiles.