Asumiendo un riesgo político, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayer martes en Georgia, tierras de Martin Luther King, que si hace falta, hará saltar por los aires las reglas parlamentarias para proteger el acceso al voto de las minorías, amenazado en muchos estados conservadores.

“Hace dos meses que tengo conversaciones discretas con miembros del Congreso. Estoy harto de estar en silencio” ante el bloqueo de la oposición republicana de dos proyectos de ley cruciales, afirmó el presidente estadounidense en Georgia, un estado que calificó de “cuna” de la lucha por los derechos civiles.

“Hoy lo digo claramente para proteger la democracia: apoyo un cambio en las reglas del Senado, el que sea, para impedir que una minoría de senadores bloquee el avance en el acceso al derecho de voto”, agregó en un discurso lleno de referencias históricas.

La semana pasada, en el Capitolio, el mandatario hizo un alegato a favor de la democracia, pero este martes aumentó la carga simbólica en Georgia, un antiguo estado esclavista.

El presidente comenzó su visita al estado, símbolo de las batallas pasadas y presentes contra la discriminación racial, hablando con los hijos de Martin Luther King y con un momento de recogimiento ante la tumba del ícono de los derechos civiles.

UN GIRO. El demócrata de 79 años aseguró que “cada miembro del Senado será juzgado por la historia”, independientemente del partido al que pertenezca.

“La historia nunca ha sido indulgente con quienes se pusieron del lado de restringir el acceso al voto. Ni con quienes se pusieron del lado de la subversión de las elecciones”, advirtió Biden, quien habló en Atlanta ante estudiantes de universidades históricamente vinculadas a la comunidad afroamericana.

Pese a sus bajos índices de aprobación, quiere armonizar a nivel federal las condiciones en las que votan los estadounidenses, desde que se inscriben en los registros electorales hasta el recuento de las papeletas, pasando por el voto por correo o la verificación de identidad.

Varios estados republicanos del sur, como Georgia, las modificaron para, supuestamente, aumentar la seguridad de la votación. Muchas de estas modificaciones pretenden supuestamente evitar que se repita lo que expresidente Donald Trump y su partido consideran que fue un robo electoral.

En los hechos estas reformas complican el acceso a las urnas para las minorías, sobre todo los afroamericanos, que votan mayoritariamente por los demócratas, y aumentan el control de las autoridades locales sobre las operaciones de votación.

Joe Biden las calificó el martes de leyes “Jim Crow 2.0”, en referencia a las llamadas leyes “Jim Crow” que codificaron la segregación racial en los estados del sur de Estados Unidos después de la Guerra de Secesión.

“FILIBUSTERO”. Biden quiere que el Senado apruebe dos iniciativas: la “Ley de avance de los derechos electorales de John Lewis” y la “Ley de libertad para votar”. Según él, esto protegerá los logros de la lucha por los derechos civiles y contra la discriminación racial, que se remontan a los años 1960.

Para esto, el presidente, que fue senador durante más de 30 años, está dispuesto a romper con la arraigada tradición del filibusterismo.

Esa costumbre, que pretende forzar el consenso y la moderación, exige que el Senado reúna una mayoría reforzada (de 60 votos) para someter a votación la mayoría de los textos.

Pero Biden, que puede perder el control del Congreso tras las elecciones de medio mandato el próximo noviembre, está ahora a favor de que los demócratas (que tienen actualmente 51 votos en el Senado incluido el de la vicepresidenta, contra 50 de los republicanos) voten por mayoría simple.

Abandonar el umbral de los 60 votos enfurecerá a la oposición conservadora, pero también molestará a ciertos demócratas, apegados a esta disposición criticada por “obstruccionista”.

Pero para tener éxito, el presidente necesita el apoyo de todos los senadores demócratas sin excepción, incluido el de Virginia Occidental, Joe Manchin, quien ya bloqueó el masivo plan de gastos sociales y ambientales de Biden y es reticente a seguir a su partido en el “derecho al voto”.

MIGRANTES. En otro orden, la Corte Suprema de Estados Unidos examinó el pasado martes una demanda colectiva de migrantes retenidos durante al menos seis meses sin una audiencia con un juez de inmigración, un tema delicado para el gobierno de Joe Biden, que había prometido una política migratoria “más humana”.

El tribunal, donde seis de los nueve magistrados son conservadores, parecía dividido durante el debate. Se trata de casos de migrantes que fueron deportados previamente de Estados Unidos pero regresaron tras sufrir persecución o tortura en sus países de origen y a su vuelta entraron ilegalmente y fueron arrestados y retenidos de nuevo, afirma la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Debido a la acumulación de demandas en los tribunales “los casos pueden tardar años en concluir, lo que significa que las personas son detenidas de forma rutinaria durante períodos de tiempo extremadamente largos”, explicó la organización.

Stephen G. Breyer, uno de los magistrados liberales de la Corte Suprema, se preguntó este martes: “Dada la historia de esta nación (...) si vas a detener a una persona, ni siquiera a un criminal, durante meses, meses y meses ¿por qué no tienen al menos derecho a una vista para fijar una fianza? Esto es lo que está en cuestión”.

Las organizaciones de defensa de los migrantes se revuelven contra la posición de la administración demócrata por considerarla incoherente con sus promesas electorales de humanizar el sistema migratorio. (Con información de AFP)