La conducción de la Fiscalía General de la Nación es un asunto que ya lleva meses siendo un verdadero dolor de cabeza en la coalición de gobierno, que tiene a algunos de sus socios y dirigentes con el reclamo ya no solo de que se designe a otro fiscal de Corte, sino incluso que se reforme la ley para que la gestión del organismo recaiga en más de una persona, en una suerte de colegiado.

Esa es una idea que cobró fuerza en las últimas horas —sobre todo desde filas del Cabildo Abierto y de un diputado del Partido Colorado— luego de que Juan Gómez resolviera sumariar al fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, por archivar 300 denuncias y revelar información considerada reservada de una causa (ver nota aparte), algo que le valió criticas de más de una actor de la coalición porque interpretaron que esta es —según ellos — otra muestra de la falta de “independencia técnica” de los fiscales.

“Esto es algo muy grave”, señaló a El País, por ejemplo, el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que se explicó: “Esto es una forma de amedrentar a los fiscales que pierden absolutamente su independencia”.

Otras reacciones se dieron en Twitter, como la de la senadora blanca Graciela Bianchi, que anunció allí que ya solicitó la convocatoria del fiscal de Corte a la comisión de Asuntos Administrativos de la cámara. “Si bien (el sumario) es para investigar, se transforma en una propia sanción, porque si después termina todo bien hay que devolverle el dinero, pero nadie le devuelve emocionalmente lo que significa haber actuado, según él entendió, con independencia”, subrayó la legisladora ayer de tarde en declaraciones a Telemundo.

Gustavo Zubía, exfiscal usualmente crítico con este Ministerio Público, es otro que ya expresó su rechazo a esta decisión: “A Iglesias se le imputan eventuales negligencias —valoró el legislador colorado—, cuando si investigaran todo el sistema encontrarán a varios otros fiscales que, completamente superados por el trabajo, archivaron miles de casos con el mismo criterio”.

¿Cómo llegó el fiscal de Corte a verse envuelto en esta situación? La cronología es fácil de repasar. Tras la renuncia en octubre pasado de Jorge Díaz —quien mal o bien siempre tuvo el respaldo de la mayoría del oficialismo— el cargo fue ocupado por quien era entonces uno de los fiscales de Homicidios —y uno de los más productivos en esa función, con una alta tasa de resolución de casos. Así, Gómez asumió en realidad como fiscal de Corte interino, pues el sistema político no había alcanzado —y sigue sin hacerlo— las mayorías especiales necesarias para nombrar a un sucesor que fuera consensuado por todos los partidos, tal como mandata la Constitución.

Como continuador de Díaz — de quien era, además, uno de sus funcionarios más allegados —, Gómez tuvo al principio algo parecido a una luna de miel con gran parte del oficialismo — de hecho, llegó a tener algo similar a un “aval” por parte de Cabildo, el socio de la coalición más duro con la administración Díaz.

Pero el panorama, pese a la también aparente postura de apertura al diálogo de Gómez, cambió bastante rápido.

En febrero, este promovió que se investigara la filtración periodística de audios vinculados a la investigación por una presunta violación en el Cordón, y en ese marco se produjo un allanamiento de las oficinas de la radio Azul FM, que Gómez luego calificó de procedimiento “innecesario”. Semanas después fustigó un proyecto de ley promovido por los cabildantes —que tildó de “impresentable”. Y luego en una respuesta a un pedido de informes realizado por Cabildo Abierto quedaron en evidencia varias relaciones de parentesco entre funcionarios de la institución —incluyéndolo, pues su esposa es psicóloga del organismo. Todo esto no cayó en gracia en más de un legislador del oficialismo.

Por último, llegó todo el episodio con Iglesias —a quien, antes de sumariar, reprendió públicamente por la decisión de archivar sin investigar “lo que se está denunciando”—, y un pronunciamiento del presidente Luis Lacalle Pou el pasado 23 de mayo que no puede interpretarse de respaldo explícito si se repara en la formulación de la frase: “Hasta ahora el Ejecutivo no le ha sacado respaldo al fiscal Gómez”. Hasta ahora.

Guillermo Domenech: “Esta es una forma de amedrentar a los fiscales”.

Gustavo Zubía: “Hay varios fiscales que archivaron miles de causas penales”.

A todo esto, y mientras Gómez sigue en el cargo, tanto Domenech como el representante colorado Zubía anunciaron que ahora más que nunca promueven la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público para que su conducción sea plural. Es decir, de cinco miembros —según la iniciativa cabildante presentada a comienzos de este gobierno— o de tres, de acuerdo al proyecto del exfiscal colorado.

Como sea, Domenech entiende que “hay que colegiar a la Fiscalía para evitar que haya un funcionario con tanto poder “, y que en ese sentido no ve “otra alternativa” que reformar la ley cuanto antes porque, reiteró, “la situación es muy grave”.

El diputado blanco Mario Colman —que integra la comisión parlamentaria que busca una reforma a fondo del proceso penal— opinó que se trata de una idea que “ha ido ganando adeptos” y que su discusión es importante “porque se va en esto la calidad de toda la Justicia”.