A12 años de aprobada la ley que establece una cuota del 4% para el ingreso de personas con discapacidad al Estado, se sigue incumpliendo con el objetivo. En 2021, apenas el 0,4% de total de organismos obligados reservaron las vacantes.

En total fueron 18 los que entraron a trabajar al Estado por esta ley en 2021, de acuerdo al nuevo informe elaborado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) a la que tuvo acceso El País. El año anterior, el cumplimiento también había sido de 0,4%, pero ingresaron 23 personas.

A su vez, de un año al otro, se pasó de siete a seis organismos que cumplieron con la norma. Estos fueron: la Administración Nacional de Correos, las intendencias de Durazno, Flores, Montevideo y Treinta y Tres, y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Hay otras áreas del Estado cuyas vacantes generadas no fueron suficientes para realizar ingresos de personas con discapacidad en 2021, por lo tanto, también se considera que cumplen con el art. 49 de la Ley N°. 18.651. Dentro de esta larga lista están: Poder Legislativo, Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores, Turismo, Industria, Transporte, Vivienda, Mides, Tribunal de Cuentas, Fiscalía General de la Nación, entre otros organismos.

El 56% de los que ingresaron al Estado son hombres y el 44% mujeres. La edad promedio de las personas con discapacidad ingresadas fue de 31 años y más de la mitad tiene menos de 30.

El departamento con más ingresos de personas con discapacidad fue Montevideo, seguido de Durazno. La mayoría cumplen con tareas administrativas, correspondiendo al 82% del total de ingresos.

En la distribución por tipo de limitación se constató que las dificultades motrices y las psíquicas e intelectuales son las más representativas entre las personas ingresadas en 2021.

El año pasado se realizaron un total de 3.558 convocatorias a concurso, siendo 91 (76 en organismos del Estado y 15 en las personas jurídicas de derecho público no estatal) los que consideraron el art. 49 de la ley.

PARLAMENTO. El mayor incumplimiento registrado en 2021, en comparación con 2020, se atribuye a la pandemia. “Hay mucha evidencia, en todo el mundo, que fue un profundizador de brechas”, dijo a El País la senadora colorada Carmen Sanguinetti.

Según advirtió, el teletrabajo “complejizó todo”, incluidos los procesos de selección de personal y en particular, los referidos a personas con discapacidad.

Sanguinetti dijo que “la ley no está arrojando los resultados deseados y está muy por debajo a lo que se desearía”. Por lo que afirmó que se debe revisar si hay necesidad de hacer modificaciones a la norma, para hacerla menos burocrática. Este tema se piensa abordar en los próximos días en un conversatorio donde se analizarán “los nudos” que derivan de estos incumplimientos del Estado.

Según la senadora, hay que pensar en “incentivos” a los organismos que cumplan con la ley. “Por ejemplo, que cuando el Estado contrate empresas que tenga en cuenta si emplean a personas con discapacidad”, propuso la legisladora.

El conversatorio sobre este tema tendrá lugar el 4 de julio en el Palacio Legislativo y participarán el director de la ONSC Conrado Ramos, la directora de Discapacidad del Mides, Karen Sass, y autoridades de UTE, por ser una de las empresas con mayor cumplimiento.