La lucha contra la corrupción tuvo “un panorama heterogéneo en toda América Latina” durante el año pasado. El foro Americas Society/council of the Americas y la consultora especializada en riesgos Control Risks elaboraron el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) que evalúa a todos los países de América Latina y que en Uruguay divulga el diario El País.

Según el informe, “algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos países más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron nuevos reveses en instituciones claves y en el entorno anticorrupción en su conjunto”.

“Para muchos ciudadanos a lo largo de América Latina, la lucha continua contra el covid-19 y los problemas económicos como la inflación —ahora agravados por el conflicto de Rusia con Ucrania— han tomado prioridad sobre la corrupción. Muchos gobiernos de la región han relegado las reformas anticorrupción como una prioridad menor”, explicó el reporte.

“En consecuencia, muchos de los poderes judiciales y organismos anticorrupción de la región han tenido dificultades en comparación con lo ocurrido a mediados de la década de 2010, cuando el movimiento anticorrupción gozaba de mayor apoyo popular y atención gubernamental”, agregó.

No obstante, “el escenario general en 2022 fue de relativa estabilidad tras los claros retrocesos de los últimos años. Varios gobiernos hicieron de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones una prioridad. En particular, el entorno anticorrupción se mantuvo estable incluso en países donde hubo elecciones recientes como Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, lo que indica la fortaleza de ciertas instituciones clave”, analizó el reporte.

En tanto, otros países “vieron un panorama más matizado: Los retrocesos en la capacidad legal a veces se produjeron junto con los avances en la calidad de la prensa o en la fuerza de la sociedad civil. Quedó claro que los esfuerzos para combatir la corrupción, aunque estén sometidos a cierta presión, siguen siendo una prioridad para muchos ciudadanos en toda la región”, expresó.

¿Cuáles fueron los hallazgos del CCC? El primero es que “a pesar de registrar un descenso en su puntuación por primera vez desde el lanzamiento del

Cuatro de 15 países tuvieron una caída significativa en sus puntuaciones.

índice, Uruguay fue el país con mejor rendimiento en el Índice por tercer año consecutivo. Costa Rica y Chile se mantuvieron en los tres primeros lugares, como lo han hecho desde 2020. Los tres últimos países del ranking también fueron los mismos que en 2021: Guatemala, Bolivia y Venezuela (que volvió a ser el peor).

A su vez, cuatro de los 15 países evaluados experimentaron un descenso significativo en sus puntuaciones. Siete países tuvieron variaciones menores o moderadas en su puntuación. Cuatro países experimentaron mejoras significativas.

Por su parte, Guatemala experimentó el mayor descenso en el índice (su puntaje bajó de 4,04 a 3,38), y Uruguay, Argentina, Brasil y México también registraron retrocesos. Con excepción de Uruguay, las puntuaciones de estos países han disminuido cada año desde que se publicó el Índice por primera vez.

La República Dominicana fue el país que vio la mayor mejora en su puntuación (pasó de 4,38 a 5,19), continuando una trayectoria ascendente de dos años.

¿QUÉ PASA EN URUGUAY? El país obtuvo un puntaje de 7,42 (en 2021 había sido 7,80 y en 2020 7,78) y fue seguido por Costa Rica con 7,11 (en 2021 era 3° con 6,45) y Chile con 6,88 (en 2021 era 2° con 6,51).

Más atrás vienen Perú con un puntaje de 5,66, República Dominicana (5,19) y Argentina (5,04).

Las dos principales economías de la región, Brasil y México, están en el 10° y 12° lugar con puntajes de 4,76 y 4,05 respectivamente.

En el caso de Uruguay, pese a que su puntuación cayó casi 5% mantuvo el liderazgo regional por tercer año seguido. “Mientras que las puntuaciones de Uruguay en las categorías de democracia e instituciones políticas (8,23) y sociedad civil y medios de comunicación (7,66) se mantuvieron estables, el país sufrió una caída de 7% en la categoría de capacidad legal (hasta 7,03)”, indicó el reporte.

“Los descensos en las variables que evalúan el nivel de cooperación internacional, la eficacia de los organismos anticorrupción y la capacidad de Uruguay para combatir los delitos de cuello blanco contribuyeron a este retroceso. Aun así, Uruguay supera la media regional en todas las variables del Índice gracias a sus instituciones independientes, su activa sociedad civil y sus sólidas credenciales democráticas”, añadió.

El analista de Control Risks, Gabriel Brasil dijo a El País que “Uruguay continúa presentando sólidas credenciales con respecto a su capacidad para combatir la corrupción. Es un país con instituciones confiables e independientes y también una sociedad civil activa. Tomando en cuenta estos factores, el hecho de que el país haya liderado el ranking del Índice CCC por tres años consecutivos no nos sorprende”.

El informe menciona a la Ley de Urgente Consideración ratificada en un referéndum en marzo pasado, en particular en “la flexibilización de algunas restricciones para las transacciones en efectivo, así como cambios en los procedimientos para informar ciertos actores (no financieros)”. Según algunos observadores, “estos cambios pueden obstaculizar, en cierta medida, la capacidad de Uruguay para luchar contra el lavado de dinero”, concluyó.