■ En octubre de 2021, más de 130 países, incluido Uruguay, acordaron aplicar un Impuesto Mínimo Global (IMG) de 15% a la renta de las empresas multinacionales de ingresos de más de 750 millones de euros (790 millones de dólares) anuales de facturación, o pagar al fisco de su país de origen.

La medida se adoptó para paliar el impacto de la crisis financiera derivada la pandemia del covid-19, pero aún no entró en vigencia.

Esto significa que si un país (léase Uruguay, por ejemplo) decide no gravar las rentas generadas en su jurisdicción o hacerlo a una tasa reducida (por ejemplo en las zonas francas, con exoneraciones de IVA a determinados sectores u otros beneficios fiscales), podrán ser gravadas en el país de la casa matriz por el diferencial, hasta alcanzar el IMG.

Al respecto, Munyo señaló que esa coyuntura fiscal global complica la estrategia del gobierno uruguayo de atraer y fomentar las inversiones en el país. Es decir, el IMG podría echar por tierra los efectos de las exoneraciones tributarias que se han establecido en el país, por lo que habría que pensar y definir otros mecanismos de estímulo a la inversión, que compensen el impacto de esa medida.

“Esto podría afectar no solo a las zonas francas, sino a todo el régimen general de promoción de inversiones, así como a algunos sectores específicos con exoneraciones tributarias como el software o la biotecnología. Los cambios tributarios mundiales anunciados ponen en cuestión algunas de nuestras principales herramientas para atraer inversiones”, afirmó Munyo.

“Afortunadamente, la implementación de esta medida se viene postergando, iba a ser el año que viene, pero no será antes de 2024. Por más difícil que sea, no se debería dejar de hacer intentos por plantear resistencias en foros globales, junto a otros países que también se van a ver perjudicados, que son varios, y entre los que hay pesos pesados. Cuanto más se pueda postergar su implementación, mejor para el Uruguay”, agregó.

A su entender, sería necesario estudiar los sistemas de compensación para las empresas multinacionales afectadas, con reducción de costos de producción, como podrían ser los aportes patronales a la seguridad social o las tarifas públicas, entre otras posibles alternativas a estudiar.