■■ El castellano seguirá como única lengua autorizada en el Congreso de los Diputados en España, tras una agitada sesión en la que ayer martes se escuchó también catalán, vasco, gallego, valenciano, aragonés y bable en la Cámara baja del Parlamento español.

Incluso algún diputado ironizó con hablar en latín, en la sesión en la que fue rechazada una propuesta para que en el Congreso también se puedan hablar otras lenguas además del castellano como ya sucede en el Senado.

La Constitución española establece que el castellano es la lengua oficial del Estado, mientras las demás pueden serlo en sus respectivas regiones, como sucede con el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano.

El uso de estas lenguas durante la sesión conllevó que la Presidencia de la Cámara retirara la palabra a quienes intentaron emplearlas, en un tenso debate en el que también se escucharon otras que ni siquiera son oficiales en sus regiones, como el bable o asturiano y la fabla aragonesa.

La propuesta partía de nacionalistas catalanes y vascos, a los que apoyaban otros como la izquierda Unidas Podemos, que forma el Gobierno de coalición en España con el partido socialista PSOE.

Precisamente los socialistas, el opositor Partido Popular, el ultraderechista Vox y los liberales de Ciudadanos rechazaron la iniciativa, con distintos argumentos. Los socialistas argumentaron que ya existe un equilibrio en el uso de esas lenguas en el Parlamento español, puesto que se pueden utilizar en el Senado, Cámara de representación territorial.

La oposición de derecha defendió que el Parlamento está para entenderse, el castellano es la lengua de todos en España y la traducción simultánea supondría un elevado coste económico. Mientras que diputados vascos, gallegos, catalanes o valencianos coincidieron en que esas otras lenguas “cooficiales” son “invisibles” en el práctica en el Parlamento y a la hora de la verdad “la España plural no existe”.

Los nacionalistas recordaron que la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, aprobada por el Consejo de Europa en 1992, establece el derecho a usar las respectivas lenguas, tanto en la vida pública como privada.

Las lenguas regionales solo se aceptan en el Senado.