■■ La vicepresidenta Beatriz Argimón solicitó reunirse con las autoridades del BPS y ANEP luego de que el ministro Martín Lema cortara las asignaciones familiares a 11.500 padres que no envían a sus hijos a estudiar, una contraprestación que se exige a todos los beneficiarios del Plan Equidad. “Hay que saber qué pasa después del corte”, declaró Argimón. La reacción de la presidenta del Senado recordó otras polémicas generadas en administraciones frenteamplistas, también entre integrantes de un mismo gobierno. Lo único que se hace “es cumplir con la normativa”, señalaron desde el Mides.

La decisión del ministro de Desarrollo Social, Marín Lema, de suspender las asignaciones familiares del Plan Equidad que son cobradas por aquellos padres que no están enviando a sus hijos a la escuela, liceo o UTU, reactivó una polémica que ya lleva algunos años en el sistema político.

La determinación que tomó en las últimas horas el ministro Lema generó la rápida reacción de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien, aunque no rechaza la medida —que implica cumplir con un decreto de 2015 del expresidente Tabaré Vázquez—, sí manifestó preocupación por las consecuencias de esta decisión.

La presidenta del Senado siguió con mucha atención el anuncio que hizo Lema en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda el pasado lunes acerca de la suspensión de este beneficio a 11.000 familias que no estaban enviando a los menores a estudiar —algo que ya había sido adelantado por El País en su edición del pasado domingo. Esto se hará por segunda vez en este período de gobierno, pues durante los meses más duros de la pandemia se decidió no aplicar la ley.

Se trata de una resolución que, según dijeron a El País allegados al ministro, “no tiene marcha atrás” porque lo único que se hace es “cumplir” con la normativa, que no es otra cosa que obligar a los beneficiarios del plan a realizar “la básica contraprestación” de evitar que los menores abandonen la educación formal.

Argimón solicitó reuniones para hablar del corte de asignaciones con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, y con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva. “Este es un tema que nos tiene que preocupar”, señaló luego a El País la vicepresidenta.

El objetivo de Argimón, quien entendió que no era necesario ponerse en contacto con Lema antes de hacer las convocatorias, es interiorizarse sobre los pasos que seguirán las autoridades con las familias afectadas, que en el 77% están a cargo de menores mayores de 13 años.

“Me parece que está bueno dialogar con los responsables de los organismos para complementar la información que ha dado el Mides”, dijo también Argimón. E insistió: “Hay que saber qué pasa después del corte. La decisión está bien, pero quiero saber, con la información que se tenga, cuáles son los siguientes pasos”.

Luego de estas dos instancias, que tendrán lugar el lunes y martes próximos, Argimón aseguró que buscará a su vez un encuentro con Lema.

LARGA DISPUTA. La decisión de cortar las asignaciones ya ha traído cruces entre integrantes de un mismo gobierno en anteriores administraciones.

Esta determinación fue tomada por primera vez en 2013, durante el gobierno de José Mujica, pero luego tuvo idas y vuelvas por las discrepancias que tenían el expresidente Vázquez y su ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.

La administración de Mujica suspendió las asignaciones basándose en la Ley N° 18.227, que establece criterios en cuanto a cómo debían ser los pagos según el nivel educativo de los menores que la cobran.

Sin embargo, en 2015, cuando Vázquez asumió su segunda presidencia y volvió a elegir a Arismendi para que la acompañara desde el Mides, empezaron a surgir diferencias entre ellos respecto a si estaba bien cortar la asignación, para así instar a que los jóvenes fueran a estudiar, o si esto era ejercer una suerte de castigo extra hacia aquellos que ya estaban en situaciones de vulnerabilidad.

Vázquez no tuvo dudas: para cobrar había que estudiar. Y si la ley daba para interpretaciones diferentes, había que dejar bien claro lo que se debía hacer. Por eso en ese mismo 2015, en que por orden de Arismendi las asignaciones no se cortaron, el fallecido exmandatario emitió un decreto que obligó a los adultos a enviar a sus hijos menores a las instituciones educativas, y estableció que cuando esto no pasara, la asignación debía cortarse. Pero las interrupciones en los pagos continuaron siendo intermitentes.

EL HISTORIAL. Cuando esto comenzó a aplicarse, en 2013, se dieron de baja 32.000 asignaciones. En 2014 fueron 51.000 y en 2015, a instancias de Arismendi, el corte no se hizo.

A mediados de 2016 se suspendieron 16.000. El decreto de Vázquez establece dos cortes —uno a mitad de año y otro al final—, pero el segundo de 2016 no se hizo porque Secundaria no envió los datos de los jóvenes que no estaban yendo a estudiar en tiempo y forma.

En el primer corte de 2017, en tanto, fueron 14.000 los niños y adolescentes que se quedaron sin la prestación, y 15.000 en el segundo.

En 2018 se hizo un solo corte y a fin de año, y allí se dieron de baja 12.607 asignaciones. En 2019, en el año electoral, la prestación se cortó dos veces, a mediados de año fueron 9.700 las asignaciones que se suspendieron; el segundo corte —según las actuales autoridades del Mides— también se hizo, pero nunca se divulgaron los datos de cuántos fueron los jóvenes que se quedaron sin la prestación.

La primera vez que lo debió hacer el gobierno de Luis Lacalle Pou, a mediados de 2020, se descartó por la emergencia sanitaria. Tampoco se hizo en el primer semestre de 2021, sino recién en el segundo, cuando el sistema educativo ya funcionaba con plena presencialidad. Allí se cortaron 9.000 prestaciones. Este, de 11.000 más, y el primero de 2022, es el segundo que se realiza en tiempos de coalición.

Argimón: “Hay que saber qué pasa después del corte de las asignaciones”.