■■ El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió ayer jueves a la fiscalía para defenderse en los casos de presunta corrupción por los que es investigado, pero se negó a responder el interrogatorio ejerciendo su derecho a guardar silencio.

“Le he dicho a la fiscal que no formo parte de ninguna red criminal, voy a demostrar mi inocencia”, dijo Castillo a los periodistas a la salida de la Fiscalía.

“A nadie he robado, a nadie he matado, acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo”, agregó.

“Eso he respondido a la fiscalía”, acotó Castillo, quien enfrenta un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción, una situación inédita en Perú para un mandatario en ejercicio.

Su abogado Benji Espinoza precisó que el presidente hizo una declaración general ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero luego le comunicó que ejercería su derecho a no responder preguntas.

“Por este momento, va a ejercer su derecho constitucional a guardar silencio”, aclaró el letrado.

La estrategia legal será asistir a las próximas citaciones pero no responder preguntas, según la defensa.

Castillo acudió a la citación sorpresivamente luego que el miércoles su defensa anunciara que no iría, cuestionando la imparcialidad de la fiscalía.

La causa por la que Castillo acudió este jueves es sobre ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, donde se investiga una denuncia de pagos a cambio de promociones.

La fiscalía tiene en la mira al mandatario izquierdista, en el gobierno desde hace 12 meses, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por causas que involucran a su entorno político y familiar.

A diferencia de la primera vez en que Castillo declaró por cuatro horas el 27 de junio, esta vez la presidencia estrenó una nueva estrategia y optó por callar.

De acuerdo con la denuncia abierta en la fiscalía, Castillo es sospechoso de haber concedido los ascensos a dos oficiales del Ejército, tres de la Fuerza Aérea y dos de la Policía Nacional de forma irregular y con la participación del exministro de Defensa Walter Ayala y su ex secretario presidencial Bruno Pacheco, implicado también en otros casos contra el mandatario.

Pacheco se entregó a la justicia en julio, después de 100 días prófugo, y se ha ofrecido como colaborador de la Fiscalía en las investigaciones abiertas contra Castillo, que incluyen el delito de organización criminal, entre otros.

La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en funciones, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la fiscalía. El mandato de Castillo, un exmaestro rural de 52 años, culmina en julio de 2026.

Castillo no puede ser juzgado en el cargo de presidente.