Se trata de un operativo judicial de envergadura. Los detalles parecen salidos de una película de ciencia ficción: con hackers, 50 cuentas bancarias vaciadas de funcionarios públicos jubilados y compras elevadas de criptomonedas con el dinero obtenido para blanquearlo.

Las modalidades delictivas detectadas por la Fiscalía fueron varias. Los hackers también utilizaban “mulas” para que trasladaran el dinero de los vaciamientos de cuentas o pagaban una comisión a empleadas domésticas a cambio de que les permitieran utilizar sus cuentas por unos días para ocultar la pista de aquella plata obtenida de forma ilegal.

En el marco de la investigación, veinte personas fueron indagadas la semana pasada por la fiscal de Las Piedras, Bárbara Zapater, y un empleado de un cambio ubicado en esa ciudad resultó formalizado por un delito de asistencia a la actividad delictiva.

EL DELITO. Los hackers lograron acceder a cuentas en pesos y en dólares de las víctimas mediante engaños, enviándoles correos con logos falsos del banco. Allí les pedían contraseñas y los clientes estafados las proporcionaron sin saber que estaban siendo engañados. Con esos datos, los hackers vaciaron decenas de cuentas.

Según dijo una fuente de la investigación a El País, la entidad del daño ya fue establecida. Se analizó un período de dos meses y se detectó medio centenar de víctimas. Los hackers lograron acceder al equivalente a US$ 500.000 depositados en cuentas bancarias.

Sin embargo, la auditoría interna del banco logró bloquear parte de ese dinero antes de su transferencia. “De todas formas, otra gran parte salió y quedó en poder de los delincuentes hoy investigados”, dijo la fuente.

CRIPTOMONEDAS. La investigación de la fiscal Zapater continúa. Consultada por El País, ella expresó que no hay regulación sobre la compra y venta de criptomonedas en Uruguay y reconoció que muchas personas viven de ese negocio. No obstante, Zapater señaló que las transacciones con criptomonedas “son un caldo de cultivo” para todo tipo de maniobras, ya que en estas se “mueve mucho dinero.

Nicolás Ghizzo, abogado del empleado de la casa cambiaria, explicó que su defendido no incurrió en delito alguno. “Mi cliente se dedicaba a la compra y venta de criptomonedas como lo hacen muchas personas en Uruguay. De esas transacciones, agregó, su cliente sacaba una comisión de un 1% y ganaba algo de dinero vendiendo las criptos a un precio mayor al que las había comprado”.

El abogado penalista señaló que el local cambiario donde trabajaba su defendido no está involucrado en la maniobra. “Mi cliente no tiene la obligación de preguntar el origen del dinero a la persona que le compra o vennero de criptomonedas. Él no funciona como un cambio. El negocio con criptos no está regulado”, dijo el profesional. E insistió en que en Uruguay es “absolutamente legal” comprar y vender criptomonedas.

“Mi cliente no se quedó con el dinero. Luego tuvo que comprar más criptomonedas para continuar con el negocio de compra y venta”, reiteró Ghizzo.

La fiscal presume que, por su formación y trabajo de larga data en un cambio de plaza, el vendedor de criptomonedas debió suponer que el origen del diera ilegal, ya sea por su monto —más de US$ 10.000— o por la ausencia de documentación sobre su origen.

La controversia entre la fiscal Zapater y Ghizzo se dilucidará en el juicio penal.

El único formalizado por el caso trabajaba en un conocido cambio de plaza.

COLOMBIANOS. En su pedido de formalización para el empleado del cambio y vendedor de criptomonedas, la fiscal Zapater relata una serie de movimientos de dinero supuestamente ilegales por montos que oscilan entre $ 800.000 y el millón de pesos.

El documento, al que tuvo acceso El País, expresa además que una persona fue contactada por Whatsapp para oficiar de remesero del dinero sustraído de cuentas bancarias de funcionarios públicos jubilados.

Este hombre recibió en su cuenta de un banco de plaza el 4 de abril de este año $ 357.570. “La persona que lo contrató vía Whatsapp le indicó que ese dinero lo depositara por Western Union a unos individuos colombianos. Como en el local de cobranzas se negaron a realizar la transferencia y le indicaron que era ilegal por el monto, la misma persona le manifestó vía Whatsapp que llevase ese dinero a un casino de Maldonado y que se lo dejara a una cajera para adquirir criptomonedas a la persona hoy formalizada”, dice el documento de la fiscal Zapater.