■ Entre las falencias que se encuentra en la normativa que regula a los partidos políticos, según Espinosa está que no se reguló la información sobre los donantes ante la Senaclaft.

En este sentido, destacó que al no regularse, el control se hace “muy difícil porque después te ponen lo que quieren. Le dan el grado de detalle que cada partido entienda que corresponde y punto”.

Asimismo, desde la Corte Electoral afirmaron que la ley de Partidos Políticos establece los dos “grandes capítulos” mencionados anteriormente, el financiamiento permanente y el de las instancias electorales, siendo que “fuera de ese marco no hay nada más de control de partidos”.

En tanto, dijeron que “lo que falta es una nueva ley” y señalaron que está en discusión en el Parlamento, “desde hace un tiempo”.

Por su parte, en relación a la normativa de prevención de lavado establecida por la Senaclaft, Espinosa sostuvo que si se encuentra que esta “no se ajusta a la realidad” se tendría que “promover una actualización”.

“Es un decreto, en definitiva no es nada imposible de modificar”, afirmó.

Del mismo modo, sostuvo que “es un campo en el que te tenés que mover con mucha delicadeza, pero despacito”, buscando ser “igualitario” para todos los partidos políticos.

A su vez, dijo que “todo lo que salga del control del partido o responsable de finanzas, todo lo que sea en efectivo o en especies o servicios”, no corresponde a un buen registro. Sin embargo, opinó que tampoco cree “que los partidos tengan el incentivo como para ser muy estrictos con eso”.

Por su parte, desde Cabildo Abierto, que aún no era sujeto obligado en la campaña electoral de 2019, dijeron a El

País que se verá “si hay una nueva legislación sobre financiamiento de los partidos políticos” y cuestionaron que se exijan determinados controles cuando el sistema financiero “no quiere abrir cuentas a los partidos políticos y a las PEP (personas políticamente expuestas)”.

“Eso es una contradicción del sistema, en que por un lado se exige una debida diligencia y por otro no nos facilitan ingresar al sistema bancario”, afirmaron.

Desde el Partido Independiente, señalaron a El País que cuando “afronten” la próxima campaña electoral, van a “estar en condiciones de aplicar las cosas correctamente”, siendo que “antes lo hacíamos un poco a la uruguaya”, ya que no habían tenido “capacitación ni nada”.

La ley Integral Contra el Lavado de Activos que rige en la actualidad entró en vigencia a fines de 2018, por lo que especialistas han señalado su posible actualización a medida que se implemente.