La directora del Registro Civil fue cesada

Por “desgaste” con funcionarios y deudas con intendencias.

2022-09-22T07:00:00.0000000Z

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El Pais Uruguay

https://epaper.elpais.com.uy/article/281646784003040

NACIONAL

■■ El Ministerio de Educación y Cultura confirmó ayer por la tarde el cese en sus funciones de la directora de la Dirección General del Registro de Estado Civil. Se trata de la abogada Adriana Martínez Areso, quien fue sustituída en el cargo por Zulyana González López. La exdirectora fue asesora del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Martínez, que había asumido en marzo del 2020 con la nueva administración de gobierno, presentó su renuncia “por razones de índole particular”, según indica la resolución firmada por el ministro y por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La noticia fue divulgada por El Observador y fuentes del Ministerio de Educación y Cultura revelaron a El País que el cese se debió a “una situación de desgaste”. “Había acumulado situaciones de este tipo con sus propios funcionarios y usuarios”, así como con los intendentes por deudas generadas, señalaron los informantes. Semanas atrás, había tomado estado público que el ministerio, de quien depende el Registro Civil, no realizó pagos a intendencias por la realización de casamientos y otros trámites que recaen en la órbita del organismo. A partir del 1° de enero de este año, intendentes, alcaldes y funcionarios de los 18 departamentos del interior —salvo en los municipios canarios de Ciudad de la Costa y Las Piedras— quedaron habilitados para casar, hacer actas de defunción e inscribir nacimientos y reconocimientos de hijos. Según informó El País a inicios de setiembre, el Registro Civil no había concretado las transferencias correspondientes a los trámites realizados a las intendencias. En esta línea, fuentes del organismo aseguraron que se debía a temas logísticos. Por ejemplo, el intendente de Salto, Andrés Lima, señaló en su momento que con 105 matrimonios y 20 certificados brindados en su departamento, se estimaba que la deuda superaba los $ 300.000. En tanto, su par de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que la deuda hacia su comuna ascendía a unos $ 415.600. Sobre el futuro de la doctora en leyes cesada, las fuentes de la cartera indicaron que como se trata de una funcionaria presupuestada del ministerio, “se comenzó un proceso para encontrar un nuevo espacio donde cumpla sus funciones”. En la misma línea, se aseguró que “no es cómodo que continúe en el Registro Civil”, por lo que se descarta esta opción. La intención es encontrar una “solución razonable” para los trabajadores y la implicada, con quien se mantienen conversaciones.

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