Presidencia de la República, decidida a que sus reformas y proyectos tomen forma en 2023, tiene la determinación de que haya resultados concretos antes de fin de año en el plan de solución habitacional para los asentamientos. El gobierno invertirá US$ 240 millones, el doble de lo que se gastó en esta materia en la anterior administración del FA. El objetivo es que en este 2022 pueda visualizarse el inicio de las obras en al menos 14 asentamientos. “Lo que estamos intentando es acelerar todos los plazos para responder más rápido que lo que los tiempos requerían” originalmente, dijo a El País la ministra de Vivienda, Irene Moreira.

Los números, el cronograma, el dinero y los mecanismos están detallados en cuantiosos documentos en PDF con gráficos y mapas, un corpus que constituye el trazo fino del camino que sigue el gobierno para dar forma al eventual buque insignia de la erradicación de los asentamientos.

Es casi una obsesión del presidente Luis Lacalle Pou. Un problema cuya solución —el inicio de un proceso que, se sabe, tomará varias décadas y costará no menos de US$ 2.000 millones— ya había sido prometida en su campaña de 2014, y sobre lo cual volvió a insistir en 2019 y durante el transcurso de su actual gobierno. Ya a mediados de mayo, al lanzar el Plan Avanzar, el mandatario dijo que emprendía “un sueño personal”, porque el proyecto que inauguraba implicaba “una obra justa y necesaria” que daría solución habitacional al final del período a quienes viven en 15.845 hogares en 120 asentamientos, de un total de cerca de 650 que hay a lo largo y ancho de todo el Uruguay.

Será, al cierre de esta administración, un trabajo en el que el gobierno invertirá US$ 240 millones, el doble de lo que se ha gastado en esta materia en el anterior gobierno, tal como se ha repetido desde el Poder Ejecutivo desde que se diseñó el instrumento de financiación (ver aparte).

Ese es el plan, pero ahora Presidencia —decidida a que sus reformas y proyectos tomen forma en 2023— tiene la determinación de que haya resultados concretos antes de fin de año.

El objetivo del grupo de trabajo —que monitorea de cerca el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y en el que participan la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), los ministerios de Economía y Vivienda, el Congreso de Intendentes y Mevir, entre otros— es que por lo menos al cabo de este 2022 pueda visualizarse el inicio de las obras en al menos 14 asentamientos de todo el país. Pueden ser más, pueden ser menos, pero la idea es esa: 14.

“Lo que estamos intentando es acelerar todos los plazos para responder más rápido que lo que los tiempos requerían” originalmente, dijo a El País la ministra de Vivienda, Irene Moreira.

En definitiva, lo que se busca, en palabras del presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López (Florida), “es que ya este año pueda verse la intervención, sobre todo en los casos en los que hay que hacer realojos”. Porque, a grandes rasgos hay dos tipos de intervención —explicó López—, y dependen de las características de las viviendas y su entorno: los realojos —a priorizar— y la regularización, que es lo que se hace en aquellos casos en que las viviendas no tienen que transplantarse de lugar porque no hay problemas estructurales, como cañadas o contaminación.

Sea como fuere, en el gobierno ya hay cierta satisfacción por el esfuerzo mancomunado que se espera se traducirá en resultados palpables. Pero también se percibe cierta desazón al reparar en que el trabajo por delante es muy arduo, en que lo que se logre puede no redundar en un asunto de impacto, y en que, sobre todo, lo que hace falta es una verdadera política de Estado que trascienda gobernantes, como volvió a pedir el presidente días atrás (ver aparte).

Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Vivienda, dice ser plenamente consciente, en ese sentido, de que “a pesar de ser esta la mayor inversión en asentamientos de la historia del país, los esfuerzos no alcanzan”. Porque el objetivo de siempre sigue siendo “que en un futuro no muy lejano los asentamientos irregulares sean un tema resuelto”.

LOS LUGARES. Este miércoles 5 de octubre tendrá lugar una nueva reunión entre todos los actores involucrados para terminar de definir la primera etapa de este proceso, en el que se estima que se terminará invirtiendo algo más de US$ 50 millones para cuando termine el año, cifra que de todos modos se analiza y puede tener variaciones en función de infinidad de factores.

Pues bien, ¿por dónde se va a empezar? Porque estos temas siempre tienen como complejidad extra que, pese a presentarse bajo la forma de números, mapas y conceptos burocráticos, detrás de todo ese engranaje es que están los más de 200.000 uruguayos que hoy no acceden a condiciones de vivienda digna.

Los beneficiados serán, fue dicho, una pequeña porción de ese universo; y, de esta pequeña porción, hay quienes están antes en la fila, simplemente porque el conjunto de variables implicadas en las obras hacen que algunas sean más viables al corto plazo que otras.

¿Cuáles son, entonces, aquellos asentamientos que verán el comienzo del largo camino hacia la nominada “solución habitacional”? De los 14 que el gobierno —junto con las intendencias y Mevir— busca ya empezar a trabajar este año, hay seis lugares que ya están identificados.

En un informe del Plan Avanzar cerrado al viernes pasado, y al que accedió El País, se establece que actualmente “los proyectos que están más adelantados”, y que por sus características puede estimarse que “sean los primeros en empezar obra” están situados en los departamentos de Durazno, Flores, Río Negro, Florida, Rivera y Soriano.

El documento separa los proyectos centralizados por Mevir y por las respectivas intendencias. En el primer caso, los asentamientos en la mira son Sarandí del Yi, La Higuera y Terminal (Durazno); Ladrilleros y viviendas de Young definidas como “precariedad dispersa (Río Negro); y también distintas viviendas ubicadas en Trinidad (Flores).

En el segundo caso, en aquellos en que las intendencias se encargan “directamente” de las obras, aparecen los asentamientos de Sitio Pintado (Florida); La Línea (Rivera) y alguno —que no se especifica— de los cuatro que hay en Soriano.

Aunque no se incluye en esta lista, también se destaca el caso de Paysandú, cuya intendencia es la “que viene más adelantada” en los trabajos, pues “ya tiene el perfil de proyecto aprobado” para tres asentamientos: Nuevo Antena, Parkway y Antena 35.

¿Qué es lo que se espera, en concreto, que se haga en el territorio? El texto del informe lo afirma explícitamente: el objetivo “en los próximos meses que queda del año” es desembarcar “en sitio en la mayoría de los departamentos”, de manera de estar “trabajando con las familias, ya sea a través del trabajo social” o directamente ejecutando “las primeras etapas de obra”.

El trabajo colectivo entre gobierno central y municipal es algo que varios jerarcas ponen de relieve como un hito histórico, y lo mismo hacen respecto al alcance nacional de la iniciativa. “Por primera vez estamos actuando en los 19 departamentos en forma conjunta, con una visión holística de país como nunca antes se había trabajado”, señaló la ministra Moreira, que asimismo destacó el rol de las intendencias, “porque en definitiva doña María y don José, los vecinos, tienen como la primera puerta para ir a golpear justamente a las intendencias y las alcaldías”.

López, el intendente de Florida, también se mostró entusiasmado con los avances logrados hasta ahora: “Hemos hecho un relevamiento departamento por departamento”.

Las expectativas ya están.

Moreira: “Intentamos acelerar todos los plazos”.