El Pais Uruguay

Lo deplorable y lo honroso

Al regresar el pasado domingo de una breve licencia con los hijos, el Presidente de la República se topó con que su encargado de seguridad debía marchar incomunicado por pedido de la Fiscal de Flagrancia de 12º Turno, Dra. Gabriela Fossati. El trámite se cumplió sin chistar.

Al otro día se supo que el detenido integraba una gavilla que vendía pasaportes uruguayos a rusos a los que se disfrazaba de ciudadanos naturales, fabricándoles partidas de nacimiento donde se los hacía pasar por hijos de orientales.

No fue preso por una desgracia culposa de la que nadie está exento, como un accidente de tránsito con resultado muerte, que puede cometerse por negligencia, impericia o violación de reglamentos. Fue preso por acciones que solo pueden cometerse con conciencia y voluntad —sólo pueden ser dolosas—, reiteradas en ejecución continua de una meditada resolución criminal. Todo, agravado por la ubicación de privilegio que le daba ser custodio presidencial, con escritorio en el 4º piso de la Torre

Ejecutiva, en una época en que la seguridad es una obsesión omnipresente.

Como era natural, la saga delictiva del involucrado desbordó la crónica policial y estremeció los círculos políticos. Por un rato parecimos olvidar que todo gobernante es un semejante a quien le pasan las mismas cosas que al resto de los mortales. Hubo reacciones destempladas, vitriólicas, que ignoraron que esta canallada es dolorosa y deplorable para la República, pero no es menos dolorosa y deplorable para el Dr. Lacalle Pou como persona y como jefe de Estado: lo mismo en la cúspide del poder que en el llano, las personas no pueden asentar su seguridad en sujetos que llevan doble vida. El Estado tampoco.

El balance final del caso no podrá ser alegre nunca. Pero así como cabe reclamar el castigo penal a todos los partícipes, corresponde vigilar la calidad de las respuestas no penales que se profieran. En la vida republicana no las emiten solo los gobernantes de turno. Son colectivas. Las pronuncia la conciencia común, por encima de partidos. Las concreta el Derecho. Y las controla la opinión pública, que jamás debe distraerse.

Felizmente, en ese plano lo actuado hasta ahora ha sido nítido. Si se persiste, puede llegar a sentar un precedente histórico.

La Fiscalía mantuvo el secreto de las actuaciones, incluso ante el Dr. Lacalle Pou. No le avisó. La indagación imponía el sigilo y se lo respetó. Impecable. ¡A pesar de los vaivenes y perplejidades de la región y el mundo, en el Uruguay funciona la legalidad! Mantenemos visos de país que lucha por ser serio!

Ante el aniquilamiento moral de quien abusó de su confianza, el Presidente no ocultó su estado de ánimo. Adujo que había tenido a su vista la certificación de que el involucrado carecía de antecedentes. Horas después, se publicó que los tenía. El Poder Ejecutivo dispuso una indagación urgente, que reveló que al Dr. Lacalle se le hizo llegar una información donde se le ocultó que había estado preso, porque un jerarca de Identificación Civil metió mano en los datos. El Presidente no había mentido. Le habían mentido al Presidente.

El jerarca de marras ya está separado del cargo y sumariado. Además, se dispuso que el Ministerio de Educación y Cultura averigüe cómo pudo esa pandilla generar partidas de estado civil apócrifas. Se abrieron las vías para que se detecte a otros implicados, que parecen

Afrentoso fue el hecho, pero honrosa es la actitud con que se le respondió. El Estado reaccionó conforme a Derecho. Mucho más vigorosa que la hojarasca en las redes, es el reclamo unánime, de que la indagación y los castigos lleguen a fondo.

haber sido imprescindibles para montar semejante cadena de fraudes, gestante de pasaportes genuinos a partir de certificaciones apócrifas.

En síntesis: afrentoso fue el hecho, pero honrosa es la actitud con que se le respondió. El Estado reaccionó conforme a Derecho. En las redes surgieron insensateces e improperios, pero mucho más vigoroso que esa hojarasca ha sido en estas horas el reclamo unánime, sumado al del propio Presidente, de que la indagación y los castigos lleguen a fondo, sin hacer la vista gorda con nadie.

El episodio exige penas ejemplarizantes a cuya aplicación todos deberemos estar atentos. Pero aun cuando esto recién empieza, desde ya nos evidencia a qué desbarajuste llevó haber tenido baja la guardia, en vez de ahondar, cuando, en 2020, salió en la prensa la lista de interrogatorios policiales a que había sido sometido el hoy defenestrado.

Desde que se supo, el insuceso fue nauseabundo para todos. Pero lejos de convocarnos a sentir náuseas por la política, nos llama a cerrar filas en la lucha cívica por la ley y contra el delito.

Y a abrir cauces de diálogo, para que este trago amargo, en el Uruguay de todos sea el último de esta laya.

EDITORIAL

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2022-10-02T07:00:00.0000000Z

2022-10-02T07:00:00.0000000Z

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