■ Los miembros de la Corte Suprema de Justicia argentina se reunieron ayer con motivo de su sesión anual en los tribunales porteños, donde coincidieron en la necesidad de atender la situación de Rosario, capital de la provincia de Santa Fe, uno de los epicentros de la violencia narco del país.

En la reunión, que concluyó con una foto de los 28 jueces de las cámaras federales con los cuatro jueces de la Corte, se habló además de la urgencia por que se cubran las vacantes en los tribunales orales federales, los juzgados federales y las fiscalías de esa provincia.

El presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, fue quien tomó la palabra para agradecer la preocupación de la Corte por la situación en su jurisdicción. Pineda enfatizó la necesidad de brindar seguridad a los jueces.

La última novedad en ese sentido fueron las amenazas recibidas por el juez federal de Venado Tuerto. El gobierno nacional mantiene demorada la designación del 20% de los jueces federales de esa provincia, mientras que están vacantes el 25% de los cargos de fiscales federales.

Las demoras en designar jueces y fiscales llevan cinco años en algunos casos. Existen concursos que se hicieron en 2018, cuando el entonces presidente Mauricio Macri eligió a un candidato de la terna y lo elevó al Senado, pero algunos de los pliegos fueron retirados por el presidente Alberto Fernández y nunca se enviaron nuevos postulantes de la terna para darles acuerdo.

Esta parálisis, que llevó a que las bandas narcos cruzaran límites como nunca lo habían hecho antes —con intimidaciones a jueces, fiscales, legisladores, intendentes y medios de comunicación— hizo que los funcionarios nacionales cambiaran de postura y empezaran a conversar en las últimas semanas sobre las maneras de destrabar los trámites para designar a estos funcionarios, dijeron fuentes oficiales a La Nación. (La Nación / GDA)