Como era deseable, luego de un complejo proceso concluyó la crisis en Fiscalía. Por más que este final, en lugar de tranquilizar más parece enturbiar el panorama. El fiscal de Corte, Juan Gómez, haciendo uso de sus potestades legales trasladó a la fiscal Gabriela Fossati de la Fiscalía de Flagrancia de 12° turno, a su similar de 16° turno. Lo mismo, pero a la inversa, hizo con la titular de esta última, trocando posiciones entre ellas. La operación fue calificada por Gómez de horizontal en tanto no supuso pérdida de jerarquía para las trasladadas. No obstante, como consecuencia, Gabriela Fossati quedó desvinculada del expediente referido a los pasaportes falsos (popularmente causa Astesiano) y de todos sus anexos procesales, entre otros el referido a Gustavo Leal.

Antes de ello los abogados de Leal habían presentado una demanda administrativa para que Fossati fuera retirada del caso por no informar durante 28 días, sobre las razones que la llevaron a adelantar una posible imputación a su defendido. También, cuesta referirlo, previo al traslado de Fossati, ella y Romano discutieron a gritos en fiscalía. Supuestamente motivó la querella una llamada de la fiscal con insultos a Romano. Como corolario Fossati terminó denunciandolo por violencia de género.

Las consecuencias externas de lo sucedido fueron inmediatas, pesadas y confusas. Para la gran mayoría del oficialismo, resultó que Fossati, que había acordado con Astesiano su condena y amenazaba con regularizar a Leal, quedaba, al ser trasladada, imposibilitada de hacerlo. Lo que habían sido loas a Fossati devinieron en acusaciones al Fiscal Gomez, agravadas por la sospecha (ignoro su fundamento), que la nueva fiscal, presunta adherente al Frente Amplio, al igual que lo es Leal, lo exima de toda responsabilidad. Algo que, según Fosatti, ya había intentado el fiscal interino Fernando Romano, al manifestar carencia de pruebas para responsabilizar a Leal y luego, sin mayores razones, visitar a Astesiano en la cárcel.

Confieso que no es fácil relatar lo sucedido. Los hechos, sus supuestos y sus preconceptos. El conjunto de lo sucedido que más se parece a una representación de comediantes medioevales, que a un conjunto de hechos reales ocurrido en la Fiscalía General de nuestra Nación. Donde lo que inicialmente fue una investigación sobre un infiel custodio presidencial, devino en un sólido escándalo que hiere al modelo fiscal. Una organización estatal cuyo cometido es proteger la convivencia entre los ciudadanos denunciando los delitos que atenten contra ella. Al desmerecerla, se ignoraron los valores institucionales en juego, poniendo por encima del respeto a la justicia intereses partidarios válidos pero menores. Sin advertir que el fundamento de las instituciones es la confianza que en ellas se deposite.

Comenzando por el Sr. Fiscal de Corte, llegado al cargo, no por designación política sino por la renuncia de su primer titular, quien debió actuar mucho antes de lo que lo hizo. Ante el primer pedido de relevo elevado por Fossati, precedido por declaraciones indebidas de la misma señalando límites infranqueables a sus posibilidades investigativas, debió asumir que la fiscal no estaba a la altura de un

El proceder del sistema político fue más que lamentable. Fue incapaz de acordar un nombre para Fiscal de Corte.

desafío probatorio que la excedía. Debió sustituirla. Para entonces ya no era un tema menor, se trataba de una investigación potencialmente capaz de rozar los más altos niveles del Poder Ejecutivo. Pero Gómez pareció no advertirlo. Quizás por la bonhomía que lo caracteriza o por respeto a la independencia de sus subordinados, que siempre mantuvo, no intervino en su momento dejando que los acontecimientos se precipitaran. Aceptó que la Fiscal concediera declaraciones y entrevistas en los medios, sin exhibir la serenidad, objetividad y reserva que las circunstancias requerían. Esa tolerante actuación del Fiscal de Corte, hace que el traslado que ahora adoptó, luzca débil y tardío. Cargado de inevitables sospechas políticas, que Gomez, un hombre recto, es seguro que no manejó pero debió evitar.

Por su lado, el proceder del sistema político (partidos incluídos), fue más que lamentable. Resultó incapaz, durante un largo periódo, acordar para nombrar un Fiscal de Corte, una figura cuya importancia ahora muestra su relevancia. De haberlo hecho este contaría con un respaldo político del que para nada mantiene el fiscal Gómez. Se repite como un logro que en Uruguay no tenemos una grieta como la de nuestros hermanos argentinos. Sin embargo somos incapaces de consensuar para nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, y aquí, del Sr. Fiscal de Corte. Designaciones que por otorgar respaldo político resultan esenciales para jueces y fiscales. No lo hicimos, éstas son las consecuencias.

En otro plano, el de las derivaciones últimas de esta situación, en particular lo referidp a la actuación de nuestros partidos éstos reinciden en mostrar torpeza e irresponsabilidad. Para el oficialismo (en el que me encuentro), trasladar a Fossati, implica una falta grave del Fiscal de Corte, que además, sostiene, resulta ilegal. No concuerdo con esa imputación, que achaca a la medida una ilegalidad y un designio político que no tiene. Por el contrario, según el art. 53 de la ley 19483, los fiscales podrán ser trasladados por resolución fundada del Fiscal de Corte, si las necesidades del servicio así lo requieren. Y por cierto que este caso lo requería. Tampoco acuerdo con que el color político de los fiscales, con excepción del de Corte, importe en su designación. Se trata de funcionarios letrados cuyo sentido de la justicia debe estar por encima de sus simpatías partidarias. Si así no ocurre deberán ser removidos.

Por su lado, la oposición se ha movido con la misma irresponsabilidad que el oficialismo. La fiscal Fossati le resultó elogiable mientras se creía que arremetería contra las altas esferas del gobierno enlodandólas en un magma de corrupción. Dejó de serlo cuando acordó una condena abreviada con Astesiano, y expresó sospechas respecto a Leal. Ahí pasó a zona de sombras. Poco le importó que su proceder dañara a las instituciones. Lo que vale es el interés partidario.