Lo han probado todo. El cacerolazo y el apagón cuando en la pandemia reclamaban la cuarentena obligatoria. Los videos, cuidadosamente producidos por el SMU, en que médicos militantes afirmaban que los CTI estaban saturados y que se avecinaba el Apocalipsis. Los llamados a pedirle ayuda al gobierno argentino para conseguir las vacunas rusas. Los cuestionamientos a que algunos sectores de actividad no paralizaran sus actividades. Los pedidos para demorar el regreso de los niños a las aulas. Las “muertes evitables”.

No dio resultado. Así que llegó la LUC. Y fue un volver a empezar. Probaron con la privatización de la educación. Con los desalojos exprés. Con el gatillo fácil de la Policía. Con la criminalización de la protesta. Con que la portabilidad numérica mataría a Antel, con que el gobierno legislaba para favorecer a los “malla oro”.

No funcionó. Pero no aflojaron. Comenzó a crecer, de manera sostenida, la conflictividad sindical. Se empezaron a suceder los paros. Hasta que llegó el caso Marset. Y poco después, el de Astesiano. Y entonces empezaron a hablar de corrupción en el gobierno. Todos los días, un nuevo chat. Cuando la atención decaía, aparecía otra “revelación”. Otro capítulo. Todo cuidadosamente guionado para que la telenovela mantuviera su alto rating. Empezaron a hablar de corrupción en el gobierno. De una organización delictiva que operaba en el cuarto piso de Torre Ejecutiva. De una fiscal que hacía lo que se le indicaba desde Presidencia.

El gobierno sintió el impacto. Las encuestas mostraron una caída en la aprobación de su gestión. Pensaron que ya lo tenían. Hasta comenzaron a vaticinar un triunfo, en primera vuelta y con mayorías propias, del Frente Amplio en las elecciones de 2024.

Echaron el resto. Declararon la guerra a la transformación educativa. Comenzaron las ocupaciones de liceos públicos. Y las provocaciones a la autoridad policial que, afortunadamente, no cayó en la trampa. Paralelamente, se multiplicaron los paros. Elevaron al máximo la percepción de “descontento social”. Y llegó la reforma jubilatoria a la que, por supuesto, se opusieron frontalmente. Suponía, dijeron, trabajar más años para jubilarse con menos dinero.

¿El resultado?

A tres años y dos meses de haber asumido el gobierno las encuestas de opinión pública indican que la gestión del presidente Luis Lacalle Pou tiene la aprobación del 46% de los uruguayos (Cifra y Factum). En ambos sondeos, la desaprobación oscila entre el 34% y el 43%. Es decir, pese al desgaste que siempre supone el gobierno, siguen siendo más los que apoyan al gobierno que los que no lo hacen.

Para colmo, los mismos sondeos indican que la intención de voto de los partidos de la coalición es hoy más alta que la que exhibe el Frente Amplio, que parece estancado en el 41%, levemente por encima de los 39% que recogió en 2019.

Evidentemente no alcanzó. ¿Y entonces? ¿Será que hay una parte importante de los uruguayos que se cansó de los paros, las ocupaciones, la denuncia constante, la oposición sistemática y el palo permanente en la rueda?

Bueno, a no resignarse. ¡Ahora, a defender el agua!