■■El Banco Central rechazó un recurso de revocación y jerárquico impuesto por un grupo de cooperativas que entendían que una regulación sobre otorgantes de crédito no debía abarcarlas.

Esta nueva normativa establece una serie de requerimientos para las entidades otorgantes de crédito en materia de administración, seguridad, información, publicidad, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros. Además, limita las modalidades de crédito que estas entidades pueden otorgar, excluyendo la posibilidad de otorgar créditos mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades similares, había señalado un informe de Ferrere Abogados.

Ante ello, la Sociedad de Ahorro y Crédito de Cooperativa José Artigas (Saccja), Cooperativa de Ahorro y Crédito de Suboficiales Navales (Cacson), Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (Copac), Cooperativa Maestros Ahorro

y Crédito (Comac), Cooperativa ACAC de Ahorro y Crédito (ACAC), Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Funcionarios de la Intendencia Municipal de Maldonado (Cacfimm), Cooperativa de Funcionarios de la Enseñanza de Maldonado (Cofuema) y Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito (Cofac) presentaron un recurso de revocación y jerárquico ante el BCU para que no se les aplique esta normativa.

Allí argumentaron que “el espíritu de la ley de Cooperativas N° 18.407 fue el no duplicar controles para las cooperativas, lo que dificulta la gestión, el desarrollo y aumenta la burocratización en perjuicio incluso del Estado” y con esto se duplicarían “los controles realizados por la Auditoría Interna de la Nación, la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Área de Defensa del Consumidor (MEF), lo que violentaría el principio de igualdad, discriminándolas frente a otras entidades con fines de lucro, que no tendrían tal dualidad de controles”.

También, señalaron “que la aprobación del proyecto normativo encarecería los costos de las cooperativas de ahorro y crédito de capitalización, podría poner en riesgo la viabilidad de muchas y sin dudas encarecería el crédito de las personas de menores recursos”.

El BCU rechazó los recursos por entender que tiene potestad para regular y supervisar a dichas entidades “independiente de la forma jurídica” a que sean “con y sin fines de lucro en tanto otorguen créditos de manera habitual y profesional”.

Las cooperativas podrán ir ahora ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo para buscar la revocación de esta regulación.