Las próximas semanas serán claves para el gobierno dado que se estarán discutiendo y acordando los contenidos de la próxima rendición de cuentas, proceso sin dudas relevante, considerando que legalmente es la última instancia en la que pueden contemplarse aumentos del gasto público.

Según los anuncios realizados por el propio presidente Luis Lacalle Pou, la prioridad del proyecto de rendición estará en fortalecer la red estatal para la atención de la salud mental y las adicciones, con una inversión prevista de al menos 20 millones de dólares.

Hace algunos meses, en una columna que publiqué en este mismo medio, reflexionaba acerca de la Ley de Salud Mental aprobada en el año 2018, una ley que planteó un cambio en el paradigma de abordaje del tema en el Uruguay.

Pero para que las cosas cambien, las intenciones reflejadas en las leyes deben traducirse en transformaciones concretas y priorización presupuestal, y esto es precisamente lo que está haciendo este gobierno.

Los detalles de la ejecución del presupuesto aún no han trascendido, pero la planificación incluye la perspectiva y equipos técnicos del MSP, MIDES, la Junta Nacional

Una política insuficiente en el tratamiento para adictos tiene un impacto directo en la comunidad.

de Drogas y ASSE, entre otros.

El plan es una oportunidad única para reforzar el sistema actual de contención, tratamiento y seguimiento, particularmente de las personas con un consumo problemático de drogas.

Es que las consecuencias de una política insuficiente en materia del tratamiento para las personas adictas tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la comunidad, especialmente con las personas en situación de calle, cuyo abordaje se complejiza cada año, en Uruguay y el mundo entero.

El camino marcado por el presidente con el fortalecimiento presupuestal, se suma a acciones concretas lideradas por este gobierno desde diversas carteras y que ya están teniendo su impacto.

Por nombrar algunas, desde el MSP la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de registro de los IAE (intentos de autoeliminación) y la fiscalización de los prestadores de salud para garantizar el acceso a especialistas en el tiempo que la normativa marca para estos casos, el fortalecimiento de la Dirección Nacional del Liberado con propuestas socioeducativas y laborales que alcanzan el máximo histórico del organismo, el aumento de cupos reales en los múltiples dispositivos implementados para el tratamiento de las adicciones y las problemáticas de salud mental de personas en situación de calle co-ejecutadas por MIDES con ASSE y la Junta Nacional de Drogas, y la implementación de la estrategia interinstitucional “Ni Silencio Ni Tabú” dirigida a adolescentes y jóvenes promovida por el Instituto Nacional de la Juventud con apoyo de UNICEF.

Particularmente, en este último punto, destacar la importancia de impulsar no solo políticas de atención y tratamiento, sino también de promoción y prevención de salud, particularmente en la población más joven del país.

Sin pausa y a paso firme, lo enorme del desafío nos plantea continuar trabajando con una visión de largo plazo, pero con acciones concretas para dar solución a un tema que toca las fibras más profundas de nuestra identidad como personas.