■■ La comisión investigadora del caso de Charles Carrera analiza el contenido completo de una conversación entre el senador del MPP y familiares de Víctor Hernández, un hombre que quedó paralítico por una bala perdida. La charla completa incluye algunos detalles que llamaron la atención de los legisladores. En particular la insistencia de Carrera y de su equipo para que los Hernández comenzaran una acción civil por el caso. Durante la conversación, hubo al menos 23 pedidos o sugerencias a la madre y el hermano de la víctima para que consiguieran un abogado que entablara una demanda contra el Ministerio del Interior.

En agosto del año pasado, el senador Charles Carrera (FA) quedaba implicado en la denuncia sobre un confuso hecho sucedido a fines de 2012 en la Paloma, mientras ocupaba la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior. Un civil, Víctor Hernández, afirmó haber quedado paralítico tras ser herido por una bala perdida que, afirma, salió de una casa en la que un grupo de policías desarrollaba una fiesta.

El hecho trascendió a través de la grabación de una charla difundida por Canal 4 en la que Carrera les pedía a la madre y el hermano de la víctima silencio sobre el tema. También allí se revelaba que Hernández había recibido, de forma irregular, ayuda económica e internación y asistencia en el Hospital Policial.

Se trataba de apenas una parte de una charla que se prolongó durante más de una hora y que ahora está a estudio de la comisión investigadora que a nivel parlamentario analiza el tema. El contenido completo incluye algunos detalles que llamaron la atención de los legisladores que están en el tema, y que procurarán aclarar a partir de ahora.

En particular la insistencia de Carrera y de su equipo para que los Hernández comenzaran una acción civil por el caso. Durante la conversación, hubo al menos 23 pedidos o sugerencias a la madre y el hermano de la víctima para que se consiguieran un abogado que entablara una demanda en la que el obvio demandado iría a ser el Ministerio del Interior. Así se lo puede comprobar en el archivo al que tuvo acceso El País.

Todo comienza con Carrera preguntándoles “como va el juicio” y si seguían con los mismos abogados. “Tenés que tener un abogado privado”, le sugirió a Miriam, la madre. “¿Con qué lo pago?”, le preguntó la mujer. “Con los tickets no lo podemos pagar”, ironizó Daniel, el hermano de Hernández.

“Tienen que tratar de conseguir un abogado particular”, insistió Carrera, que les aclaró que “no les va a cobrar de entrada”. El profesional, les indicó, también los ayudaría a “mover” la parte penal, recordándoles que lo fundamental era probar que la bala que hirió a Víctor Hernández había salido de la casa del subcomisario de La Paloma. En la parte civil, los tranquilizó, se trabaja mayormente a “resultados”, por lo que el abogado les cobraría un porcentaje una vez terminado el proceso.

“Inicien un juicio civil, hagan la demanda”, los exhortó. “No pierdan el tiempo”, les dijo Carrera, recordándoles que los casos civiles tienen un plazo de prescripción de cuatro años.

Los pedidos aparecen intercalados en una conversación en que la madre de Hernández demuestra una actitud componedora y de confianza hacia Carrera. Daniel, en cambio, mantiene una postura hostil. Carrera se molesta varias veces por la actitud del joven, sus reclamos y su enojo por el cierre del juicio penal que por el caso de su hermano se estaba llevando a cabo en Rocha. También con las declaraciones que los Hernández estaban haciendo en varios medios de prensa.

“Esto se está transformando en una cuestión política”, reflexionó en un momento Daniel Hernández, que llegó a calificar la ayuda recibida como “asistencialismo” y la internación en el Policial como “un poco de humo” para “tenerlo escondido” a su hermano.

“Si estás nervioso, te mando a cagar y no me jodas más”, le dijo Carrera. “Ubicate y tratá de hablar bajito y clarito”. También lo calificó de “desubicado” y “desagradecido” y le avisó: “no te tengo por qué mandar ninguna ayuda”.

En un momento, Daniel reclamó conocer el paradero de las placas y los estudios que le habían realizado a su hermano para determinar el calibre de la bala que lo hirió y que “desaparecieron”. Se le aclaró que la historia clínica estaba “anexada” al expediente que seguía la causa de su hermano y que allí podrían obtenerla.

El jerarca le dijo que los estaba “ayudando” porque no le gustaban “las injusticias”, pero sostuvo que no tenía obligación legal de hacerlo. “Si no tuviéramos interés los hubiéramos echado a la calle cuando salieron del Clínicas”, les dijo.

Al avanzar en su pedido de que consigan un abogado, Carrera les dejó en claro que no perderían la ayuda que estaban recibiendo. Allí les mencionó varias veces a Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). También les sugirió acudir a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, o al Colegio de Abogados. “No pueden estar indefensos como están”, dijo.

“Les doy mi palabra de honor”, les dijo también Carrera, en referencia a que no perderían la ayuda de la cartera en caso de que presentaran un juicio contra esta.

Cerca del final de la charla, Carrera se comprometió a averiguar “en qué está” el expediente en la Dirección de Asuntos Internos del ministerio que analizaba la conducta de los policías involucrados en el caso de Hernández. “Ustedes, se van con la misión de contactar a un abogado”, les repitió. Y les recomendó tener “reserva y discreción” y evitar hablar de la ayuda del ministerio que, les aclaró, no estaba ajustada a derecho.

“Inicien un juicio civil, hagan una demanda” al MI, les dijo Carrera.

Hermano de víctima dijo que ayuda del MI era para esconderlos y Carrera se enojó.