■ Para entender este conflicto entre el uso público y privado tenemos que irnos a 1896, cuando Antonio Lussich compró los terrenos que hoy conforman Punta Ballena. Años más tarde, cuando sus sucesores recibieron el campo de 1.800 hectáreas, ya comenzaron las disputas entre el uso público y privado de la zona. En 1970, el intendente de Maldonado Gilberto Acosta Arteta inició la expropiación de parte de los terrenos por “razones de utilidad pública”, dando lugar a la construcción de un centro de entretenimiento nocturno y un parador sobre las grutas. En este plan estaba también construir la ruta panorámica, pero esto no fue hasta 1977.

En 1995 los sucesores de Lussich comenzaron un juicio contra la intendencia. En 1997 llegó el primer fallo: el Juzgado de Maldonado condenó a la intendencia a devolver las tierras, pero el gobierno departamental recurrió la sentencia. En 2004 las instancias llegaron a la Suprema Corte de Justicia, que ordenó devolver aproximadamente unas 10 hectáreas. En 2009, en el gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos, se formó una comisión de técnicos para evaluar qué se devolvería.

En 2012 se llegó a un acuerdo que oficializó el uso que tenemos hasta hoy. La ruta panorámica, el mirador, así como accesos a ambos lados del predio, pasaron a ser públicos, pero la intendencia se comprometió a autorizar la construcción de bloques de edificios. En 2016 el proyecto privado fue aprobado por unanimidad por la Intendencia de Maldonado y por la Junta Departamental. Entonces faltaba “la viabilidad” del Ministerio de Ambiente.