Luego de una visita realizada en Uruguay entre julio y agosto pasado, el Institute of Global Homelessness (IGH), —una organización mundial dedicada a promover políticas para erradicar la población que vive en situación de calle— entregó un informe al gobierno en el que pondera la labor que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en esta materia.

El reporte, a cuyo texto accedió El País, destacó entre las “fortalezas” institucionales la “dedicación, el compromiso y la urgencia de todo el equipo del Mides” en el combate a este problema social, con el foco puesto en alcanzar el objetivo de que “las personas en la calle que desean un lugar en el refugio accedan a uno”.

“Ser testigo de esta dedicación, compromiso, urgencia y toma de decisiones basada en datos —se señala en el informe— fue realmente inspirador y es una de las principales razones por las que creemos firmemente que se puede acabar con la falta de vivienda en Uruguay”.

Esta misma organización, que tomó como punto de partido el crecimiento en Uruguay de un 24% de la población en situación de calle en comparación con 2021 —un fenómeno que ha ocurrido “en otros países”, acota el trabajo—, ya había sugerido a las autoridades semanas atrás que se incrementara la oferta de las residencias permanentes para las personas que no cuentan con una vivienda propia.

Ahora, tras analizar la experiencia que su delegación recogió en su visita a finales del invierno, concluyeron que los programas que implementa la cartera que conduce el ministro Martín Lema están diseñados para “satisfacer las necesidades” particulares de las diferentes poblaciones incluidas en esta problemática: “Desde personas que viven con problemas de salud mental después de haber sido liberadas de centros de atención médica, hasta personas que abordan sus problemas de uso de sustancias y personas que regresan a la sociedad desde el sistema carcelario”, afirma el informe, que añade: “No existe una solución única para las personas sin hogar, y trabajar hacia un sistema integral que tenga ofertas de programas especializados en personas con necesidades únicas es una verdadera fortaleza”.

Asimismo, el texto resalta que el “gobierno ha podido aplicar una política de tolerancia cero para los niños que viven en la calle y ha creado políticas y procedimientos coordinados y receptivos”.

“La extensión coordinada tiene protocolos de priorización para los niños, envía equipos rápidamente y los traslada inmediatamente a alojamientos, incluidos hoteles y centro para mujeres con niños”, sostienen Lydia Stazen y Julia Wagner, directoras de la organización internacional y las autoras de este informe.