Ados año y medio de que comenzara la investigación por la Operación Océano, el fiscal de Corte Juan Gómez ofreció ayer una conferencia de prensa para informar sobre la presentación de la acusación final de esta megacausa que indaga sobre actos de abuso sexual contra menores. El funcionario señaló que en este tiempo se trabajó “con determinación y compromiso”, con el objetivo de cumplir la promesa de “hacer lo que es correcta”.

Gómez señaló, entonces, que 20 personas han sido responsabilizadas por la trama. De estos, nueve ya recibieron un proceso abreviado y los otros 11 irán a juicios orales.

Los 20 involucrados “nunca estuvieron privados de libertad ambulatoria”, detalló Gómez. De los 11 individuos que pasarán a juicio, para siete la Fiscalía requirió seis años de penitenciaría; para otra de esas personas, cinco años; cuatro años de cárcel para dos de ellos y tres para el último. “Las 11 personas que pasan a juicios orales y públicos tendrán todas las garantías, la posibilidad de esgrimir su inocencia ante juez”. Además, aclaró que en los nueve procesos abreviados, en cinco de ellos “las personas cumplen prisión preventiva”. Así, señaló que no es cierto “que arreglaron y no estuvieron ni un día en la cárcel”.

Además, los condenados deberán pagar 12 salarios mínimos como retribución a las víctimas y tendrán la prohibición de realizar actividades con niños o adolescentes.

Desde que comenzó la Operación Océano, fueron sobreseídas nueve personas y otras cuatro lo iban a ser entre la jornada de ayer y la de hoy. Esta decisión cumple, según el fiscal de corte, con la promesa de hacer “lo que fuera correcto”.

“Si bien existían evidencias de vinculación con el hecho, luego de un estudio esas evidencias no nos permitían llegar a un juicio oral y público con una razonable posibilidad de ganarlo”, detalló Gómez.

EL CASO. El embrión de la Operación Océano fue un intercambio de denuncias en Maldonado entre un hombre conocido como “el Paraguayo” y dos chicas, una de ellas menor. Las jóvenes señalaron a la Policía que “el Paraguayo” pretendió abusar de ellas y el hombre, a su vez, las denunció por extorsión. La Justicia de Maldonado ordenó las incautaciones de los celulares de las tres personas. Las pericias detectaron la existencia de casos de explotación sexual de menores y el expediente fue derivado a la fiscal Darviña Viera —que luego de pedir licencia y sería sustituida por Mariana Alfaro. El 20 de marzo de 2020 apareció el cuerpo de una de las víctimas en el arroyo Solís Chico. El caso creció y pasó a tener 33 imputados y 20 damnificadas.

La principal víctima del caso declaró ante la Justicia recién el viernes 22 de abril pasado. Luego, Pablo Casas, abogado defensor

Gómez: “Tendrán todas las garantías y la posibilidad de esgrimir su inocencia”.