La Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) fue la primera en constatar la maniobra que Astesiano, el escribano y el gestor Alexey realizaban para que ciudadanos rusos accedieran a pasaportes uruguayos. Les llamaba la atención ya en 2019 la gran cantidad de solicitudes amparándose en las leyes 16.021 y 19.362 que permiten a hijos y a nietos de uruguayos acceder a cédula y pasaporte. Por eso se propusieron intentar dar con los parientes que decían tener los rusos y cotejar su relación. Fue así que en 2019, tal como informó El País, los funcionarios de DNIC dieron con el supuesto abuelo fallecido —de acuerdo a la documentación que había presentado un ciudadano ruso para acceder al pasaporte uruguayo— que ni tenía nietos rusos ni tampoco estaba muerto.

Al recibir la llamada el hombre se sorprendió y quedó incrédulo. Inmediatamente, los funcionarios le consultaron si podría declarar ante la Justicia sobre su caso y así se comenzó a gestar la carpeta que luego reuniría más de 60 casos que los funcionarios entregarían a la entonces fiscal Gabriela Fossati.

Por este tipo de gestión para obtener los documentos un ciudadano ruso llegó a pagar US$ 50.000.