Dos noticias marcaron la realidad de la semana. El fallido intento por hallar un socio privado para la unidad de pórtland de Ancap, y el caso de una niña con una enfermedad compleja que reclama un medicamento novedoso (y muy caro) al Estado. Créanos, ambas cosas tienen mucho que ver.

El tema con el pórtland es conocido. De hecho lo abordamos esta semana en un ensayo de “youtuberismo” que estamos probando con Florencia Traibel y el equipo de video de El País. Se podría resumir así: Ancap tiene una división para producir este elemento esencial para la construcción. La misma pierde plata sistemáticamente hace más de 20 años. Durante los gobiernos del FA, una dirigencia muy consustanciada con la causa del gremio, abrió la canilla de forma generosa para inversiones en toda Ancap. Incluso se gastaron más de 50 millones de dólares en un horno que nunca se instaló. Hacerlo ahora costaría más de 100 millones extras.

Esto choca con una realidad distinta: la de las dos empresas privadas que producen pórtland en Uruguay. Estas, pese a competir con una tradicional empresa estatal, (en un país donde la mayor AFAP es pública), no solo ganan plata, sino que se han quedado con buena parte del mercado.

El nuevo gobierno llegó con una visión clara: no se puede seguir perdiendo plata ahí. O se consigue un inversor que haga funcionar esa unidad, o se cierra. Parece obvio, ¿no? En 20 años, el berretín de producir pórtland nos ha costado US$ 800 millones a los uruguayos. ¡Es una torta de plata!

El sindicato, pese a que se garantiza que nadie perderá el trabajo, ha declarado una guerra abierta causando pérdidas enormes a Ancap, y afectando cosas como el turismo al frenar la provisión de nafta a los aviones antes de cada vacación. ¿Su contrapropuesta? Que el Estado invierta aún más, y que obligue a las obras públicas a comprar pórtland a Ancap aunque sea más caro. Y aunque se perjudique a las empresas que producen eso bien, y a la competitividad del país.

Listo, vamos al segundo tema. Resulta que hay una niña, con una enfermedad muy compleja, que requiere un medicamento costoso e innovador, que podría aliviar los síntomas de su padecer. El Estado, como ese medicamento no está entre los que entrega el Fondo de Recursos, no lo da. Entonces, siguiendo un proceso tan injusto y kafkiano, se acciona legalmente y se logra que un juez obligue al Estado a suministrarlo.

Esto genera dos cosas, la felicidad de la familia beneficiada, pero la preocupación de quienes manejan el sistema de salud. No porque sea gente mala, insensible, maquiavélica. Sino porque sostienen que el Fondo Nacional de Recursos es un gran logro para el país, y que de esta forma se pone en riesgo su supervivencia.

Vale decir que esta postura es muy dominante entre el sector médico, y ha sido trasversal a todos los gobiernos. Y tiene un trasfondo que es real. Existe un accionar bastante habitual entre algunos laboratorios, con el aporte seguramente desinteresado de algunos médicos, de recomendar remedios de costo sideral, y cuya efectividad todavía no es segura.

Esto genera abusos. Pero si usted o un familiar directo tuvieran un grave problema de salud, y le dicen que con determinada medicina sus padecimientos serán menores, puede vivir un poco más, o incluso curarse, ¿qué no haría usted para tenerlo? Esto exige equilibrar dos intereses legítimos que chocan. Que es el trabajo, muchas veces subestimado, del sistema político.

Una opinión personal: el Estado no es Papá Noel, y no tiene recursos infinitos, por lo que la postura restrictiva parece razonable. Pero eso en un Estado que funcione bien. ¿Con qué cara le decís que no a un padre a la hora de darle un medicamento, en un país donde se gastan millones en frivolidades? Hay miles de ejemplos, pero vamos a citar el que rompe los ojos: ¿cuántos medicamentos podría haber comprado el Estado solo con los 800 palos perdidos en el pórtland?

Y acá vamos a meter al exótico Milei, que no lo pusimos en el título solo para ganar clicks. La principal arma de Milei para lograr votos es la saturación de los argentinos ante los abusos de un Estado omnipotente, en manos de políticos demagogos. Gente que te jura que el Estado es el protector de los débiles, el gran justiciero social, mientras que con una mano asfixia a los verdaderos generadores de riqueza, con la otra regala unas migajas, y en el camino se despilfarra la tajada del león. Uruguay es otro planeta. Acá incluso por escala, el Estado no comete los abusos que vemos allá, y nuestros políticos tienen otro nivel de control social. Pero casos como el de Ancap hacen que pongamos en duda algunas posturas.

Milei por estos días lideró una masiva marcha popular, haciendo roncar una motosierra. Acá un candidato no tuvo suerte hace unos años con el mismo elemento. Muchas veces, el “timing” es más importante que la propuesta.

¿Con qué cara le decís que no a un padre a la hora de darle un medicamento, en un país donde se gastan millones en frivolidades?