■ En junio de este año, el falsificador Matías Campero secuestró a la mujer de un estafador que le había cobrado US$ 3.000 a su madre con la promesa de construirle una cabaña. Campero fue imputado en Maldonado por secuestro, privación de libertad especialmente agravada por las amenazas y por reclamar un pago para su liberación, lesiones personales, rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación, porte de arma de fuego y tráfico interno de armas. También se le tipificó hurto. Pocas semanas después, Campero estaba en libertad con una tobillera, algo impensable para un imputado por delitos tan graves. La fiscal de Estupefacientes de 1er Turno, Mónica Ferrero, investiga si Campero usó la misma estrategia para sacar de la cárcel al traficante Juan Antonio González Bica. Es decir, si usó documentos falsos o adulterados. Campero también facilitó la internación en una clínica de un líder narco de Villa Española. En su “informe”, el falsificador dijo que el traficante de drogas sufría enfermedades renales y cardíacas.

Su osadismo no tenía límites. El 30 de mayo de este año, cuando se discutía en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 2° Turno la prisión domiciliaria de González Bica, Campero se sentó en una silla del público y siguió de cerca la audiencia. En ese expediente había un informe del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que en realidad era falso. Allí se “aconsejaba” una prisión domiciliaria para González Bica. Cuatro meses después de la audiencia, Petit concurrió al Juzgado y confirmó que él no había hecho ese informe. Luego presentó una denuncia penal que desencadenó las detenciones del propio Campero, de la abogada de González Bica, Mercedes Acosta, y del narco de Villa Española. El sábado 9, la jueza María Helena Mainard imputó a Campero por reiterados delitos de usurpación de título, cuatro delitos de falsificación de documentos privados con reiterados delitos de estafa. El narco de Villa Española fue formalizado por un delito de falsificación y estafas en calidad de coautor. Mientras, Acosta fue imputada por un delito de falsificación de documentos privados en calidad de coautora con un delito de estafa en calidad de autora. La investigación de la fiscal Ferrero continúa. Ordenó escuchas telefónicas e incautaciones de computadoras de personas allegadas a Campero, entre otras medidas investigativas.