En la Mesa Interpartidaria de Seguridad se planteó crear un Ministerio de Justicia. A partir de expresiones proferidas en los tiempos de Bonomi, hasta se dio por probable el apoyo de los legisladores frentistas; y se espoleó para que la ley se vote rápido, ahora, ya.

¡Guambia! Esta clase de coincidencias no auguran nada bueno. ¡La última unanimidad que se dio sobre temas de esta índole parió el Código del Proceso Penal y así nos va! El resultado es el esperpento jurídico cuyas consecuencias prácticas están a la vista: son las mismas que, con vehemencia y lucidez, denunció el Dr. Enrique Viana, a quien le tocó morir en la calle trotando como abogado tras renunciar como Fiscal por rechazar que se le cercenara la búsqueda de la verdad y repudiar el ahogo de los procesos abreviados.

Convencidos de que en el Parlamento hay gente lúcida en todos los partidos, esperamos que esta vez la reflexión le gane a los espejitos de colores, porque ya vimos cómo se nos vendió el Código con promesas de precisión y agilidad que hoy desmiente un sistema atorado y empantanado que en seis años no ha logrado sustituir con sus pactos sobre tipificaciones y penas, la autoridad propia del Poder Judicial.

En Uruguay, el solo nombre “Ministerio de Justicia” convoca los hedores de la dictadura. Es el espectro de un pésimo recuerdo institucional, que no dulcifica el recuerdo de la autoridad jurídica y docente de quienes transitaron por sus cargos.

Ahora lo que se propone es encargar al que sería 14º Ministerio, relacionarse con la Fiscalía General de la Nación y tramitar Convenios y exhortos internacionales, tareas que hoy incumben al Ministerio de Educación; regentear las cárceles, hoy manejadas desde el Ministerio del Interior; organizar las Defensorías de oficio, hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia… Ese corte y pegue ¿en qué mejoraría la seguridad ciudadana?

Es cierto que el país tiene grandes problemas en su Justicia. Y por eso mismo, resulta incomprensible que se proponga redistribuir competencias en vez de encarar las situaciones de fondo. ¿No es mucho más urgente crear una comisión de especialistas que redacte un Código nuevo? ¿No es mucho más imperioso atender los reclamos de garantías para su carrera, que los Jueces vienen planteando a la Suprema Corte de Justicia y han llevado ya a la Federación Latinoamericana de Magistrados? ¿No es mucho más apremiante la restitución al Derecho

¿No es mucho más imperioso crear una comisión de especialistas que redacte un Código nuevo?

Penal a la decisión de los Jueces, en vez de regalar tipificaciones y penas al albur de negociaciones de trastienda?

No nos engañemos. Vivimos en un país desparejo en cultura cívica y empobrecido en conocimientos de Derecho. En ese contexto, ya es bastante desgracia que soportemos oír diariamente que la detención inicial de los sospechosos ahora la dispone la Fiscalía y no el Juez, como fue regla por más de un siglo; y ya es desgracia bochornosa que fiscales con casos resonantes deban vivir en entredicho público, como para, con semejante cuadro, enjaretarnos un proyecto de Ministerio que por sus funciones y hasta por el nombre induciría a sentir que el poder político manda a la Justicia o se entrevera con ella, como perversamente insinuó el que espetó que la política está por encima del Derecho.

Si la peregrina iniciativa sobrevive, libraremos batalla.

Porque está en juego la Constitución y el modo como estamos constituidos.