■■La Cámara de Diputados brasileña aprobó una nueva regla fiscal impulsada por el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Los diputados aprobaron la iniciativa con 372 votos a favor y 108 en contra, allanando el camino para elevar el gasto público con programas sociales.

Se trata de la primera victoria legislativa de Lula, aunque la Cámara todavía debe votar las enmiendas al proyecto, que debe luego obtener el visto bueno del Senado. “Fue un voto contundente”, dijo ayer miércoles el ministro de Economía, Fernando Haddad. “La Cámara ha mostrado que busca un entendimiento para ayudar a Brasil a recuperar tasas de crecimiento más significativas”, añadió.

Los mercados recibieron la noticia con menos optimismo: la Bolsa de San Pablo abrió en baja, aunque analistas lo atribuían también al impacto de factores externos.

La nueva regla fiscal pone fin al tope de gasto del

gobierno establecido en 2016, bajo la administración del entonces presidente de centroderecha Michel Temer, que solo autoriza un ajuste del gasto para acompañar la inflación.

El nuevo régimen condiciona el aumento del gasto al alza de la recaudación pública y permite un aumento de hasta 70% de la suba de los ingresos del año anterior.

El gobierno sostiene que un mayor gasto permitirá atender necesidades sociales apremiantes y fortalecer el crecimiento de la economía de Brasil, que se expandió 2,9% en 2022 aunque se contrajo 0,2% en el cuarto trimestre.

Lula, quien ya presidió Brasil de 2003 a 2010, regresó al cargo en enero prometiendo restaurar programas sociales populares lanzados durante su primera presidencia, muchos de los cuales fueron recortados bajo el mandato de Temer y de Jair Bolsonaro.

Pero la perspectiva económica de Brasil es mucho menos favorable que en los dos primeros mandatos de Lula, cuando la demanda china de exportaciones de materias primas latinoamericanas impulsó un crecimiento vertiginoso. Lula ha tratado de tranquilizar a los mercados diciendo que no permitirá una disparada del gasto público, y prometiendo un equilibrio de “responsabilidad fiscal, social y ambiental”.