El Gobierno español aprobó ayer jueves una reforma de las pensiones en la línea que reclamaba la Comisión Europea, con el respaldo de los principales sindicatos y el rechazo de la patronal.

La reforma aprobada en una reunión extraordinaria del Ejecutivo de coalición de izquierda está avalada por la Unión Europea, que la demandaba para poder continuar con el desembolso a España de fondos europeos de recuperación.

La reforma incluye medidas para aumentar los ingresos del sistema de pensiones, después de que la Comisión Europea advirtiera sobre su sostenibilidad.

Para ello, prevé una subida progresiva de la base máxima de cotización de 4.495,50 euros mensuales en 2023, de forma que entre 2024 y 2050 subirá cada año lo mismo que el índice de precios de consumo más 1,2 puntos porcentuales.

Otra medida es un mecanismo de equidad intergeneracional con un aumento en las cotizaciones sociales desde este año, para pasar progresivamente del 0,6% al 1,2%.

De este modo, el fondo de reserva para garantizar las pensiones llegará a unos 120.000 millones de euros a principios de la década de 2040, para garantizar la viabilidad del sistema en un país en el que se irán sumando pensionistas a medida que se jubile la conocida como generación del “baby boom”, cuando en España nacieron unos 14 millones de niños entre 1958 y 1977.

La edad de jubilación en el país es a los 65 años, pero está previsto que aumente hasta los 67 en 2027, con un período mínimo de cotización de 37,5 años, aunque puede variar dependiendo de los años cotizados.

Ese fondo había ido mermando en los últimos años en España, que gasta casi el 12% de su PIB en pensiones, cerca de 12.000 millones de euros mensuales, para algo más de 9 millones de beneficiarios, según datos oficiales, en un país de algo más de 47 millones de habitantes y con una baja tasa de natalidad, de 1,2 hijos por mujer en edad fértil, en tendencia descendente además.

La patronal rechaza la reforma porque considera que carga la recaudación sobre empresarios y trabajadores, al igual que la oposición de derechas, que reprocha al Gobierno no haberla consensuado, pues al final de año están previstas elecciones generales en España.