■ Las acusaciones de crímenes de guerra acompañan a Vladimir Putin desde su ascenso al Kremlin en 2000 coincidiendo con la Segunda Guerra de Chechenia. Después vendría la intervención militar en Siria (2015) y ahora la “operación militar especial” en Ucrania (2022). Sí es la primera vez que la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Putin. En abril de 2000, un mes después de que Putin fuera elegido presidente ruso, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y la organización rusa Memorial publicaron un informe sobre los abusos cometidos en Chechenia. Ambas organizaciones concluyeron que Putin y su antecesor, Boris Yeltsin, debían “ser considerados los principales responsables, al menos por las funciones que ocupaban, de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad perpetrados en Chechenia por las fuerzas rusas”.

Además, recomendaron al Consejo de Seguridad de la ONU crear un Tribunal Penal Internacional “ad hoc” para Chechenia, donde Putin lanzó una brutal operación terrorista en 1999 para descabezar a la guerrilla islamista.

Siria y Rusia han sido acusadas de cometer crímenes de guerra al bombardear salvajemente en septiembre y octubre de 2016 la ciudad de Alepo, donde se atrincheraban tanto las fuerzas opositoras al régimen de Bachar al Asad como grupos terroristas, según Moscú y Damasco. Según las organizaciones de derechos humanos, varios cientos de civiles, entre ellos unos cien niños, murieron en esos bombardeos perpetrados por la aviación rusa y siria, ataques que alcanzaron viviendas e infraestructuras sociales, incluidos hospitales.